La ONG browniana accionó en los Tribunales de Lomas de Zamora y concretó así el primer pedido legal en la región, que busca la restitución del beneficio económico perdido por familias del distrito. Ayer por la tarde el gobierno nacional anunció "marcha atrás" a la medida pero aún no lo formalizó. La Defensoría del Pueblo provincial y el Colegio de Abogados, entre otros también fueron parte de la presentación judicial.
Ayer por la mañana en los Tribunales de Lomas de Zamora, la ONG Compromiso Ciudadano de Almirante Brown presentó un amparo para acompañar y respaldar judicialmente el pedido de restitución de pensiones por discapacidad sufridas por vecinos de Almirante Brown a raíz de la decisión tomada por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación de endurecer las condiciones para acceder al beneficio e incrementar paralelamente la revisión de casos.
La medida que fue presentada en el Juzgado Civil y Comercial Nº 4 ubicado en Camino Negro y Larroque, se realizó de manera conjunta con el Colegio de Abogados de Lomas de Zamora, que preside María Victoria Lorences, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires a cargo de Guido Lorenzino y entidades de bien público de otros municipios de la región como Lomas de Zamora y Esteban Echeverría.
En representación de los intereses brownianos, la entidad que preside Mario Fuentes resolvió esta iniciativa que en el plano local es la primera que trascienda las manifestaciones públicas y llega a una instancia de judicialización con el fin de obtener una respuesta certera y favorable para los vecinos del distrito que a la lucha diaria que implica dar cuidados y asistencia a personas con discapacidad debieron sumarle la preocupación económica de no poder costear dichas necesidades.
"Presentamos un recurso de amparo colectivo para representar a todos los que perdieron su pensión en estos días, una cosa es una revisión, un chequeo y otra muy distinta es un ajuste generalizado y brutal" indicó Mario Fuentes. "El beneficio estatal se otorga en los paises del mundo más desarrollados y en el nuestro no se puede recortar y expulsar del sistema a los que más lo necesitan" expresó el titular de Compromiso Ciudadano.
Desde el 2015, apenas iniciada la gestión de Mauricio Macri, se llevó adelante una política de revisiòn con fines de recorte en el pago de pensiones por discapacidad. En sintonía, el titular de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales (CNPA), Guillermo Badino, defendió días atrás los recortes y aseguró que una persona con cierto grado de discapacidad, como alguien con síndrome de down, “puede trabajar si lo desea”.
Al trascender que son 70 mil las pensiones por discapacidad dadas de bajas desde diciembre, el repudio y la consternación se apoderaron de gran parte de la opinón pública, cuyo punto álgido se alcanzó ayer con una multitudinaria marcha en el Obelisco que congregó a beneficiarios afectados, instituciones abocadas al cuidado y la atención de personas con discapacidad, pero sobre todo por personas que decidieron visibilizar en un grito sordo la insensibilidad de un gobierno que a horas de esa expresión popular volvió a recurrir al "ensayo y error" y anunció la "marcha atrás" de la política de recorte implementada desde hace un año y medio.
Según aseguró la ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley en un comunicado, el Gobierno "va a asegurar el pago de las pensiones a todas las personas que sufren una discapacidad" al tiempo que dejará de plicarse el sistema de bajas. Sin embargo los amparos, presentados de manera anticipada al anuncio del Gobierno, mantendrán su vigencia al tiempo que buscarán fortalecerse con más documentación para enfrentar una posible nueva embestida del gobierno.
Sólo resta esperar que el anuncio se traduzca realmente en acciones y las familias damnificadas vuelven a percibir la ayuda restringida meses atrás sin previo aviso. Mientras tanto la falta de credibilidad y seriedad priman en quienes han sufrido en carne propia la desprotecciòn del Estado.
