La Ley establecía la conformación de un listado con información y material genético de personas penadas por delitos sexuales. Si bien la norma fue sancionada en 2013, aún no se encuentra regulada. Desde Almirante Brown y de otros distritos, reclaman su inmediata puesta en marcha.
Ante la trágica muerte de Micaela García, la joven de Concepción del Uruguay, y el alarmante aumento de femicidios a nivel nacional, se recrudece el pedido de la implementación de la Ley 26.879 de Delitos contra la Integridad Sexual.
La norma establece la creación de un registro con información personal -nombre, domicilio, fotos, nacionalidad y apodos, entre otros- y material genético de todas las personas condenadas con sentencia firme por abusos y violaciones. Si bien fue aprobada en 2013, aún no fue regulada.
La demanda retornó al terreno de debate a través de la solicitud de un grupo de intendentes que encabezó del jefe comunal de Bolivar, "Bali" Bucca. “Proponemos exigir a las Provincias la reglamentación de la ley en un plazo de 90 días”, expresó en su perfil de Twitter.
El reclamo fue acompañado por el mandatario municipal local Mariano Cascallares al sostener: “Basta de libertades condicionales o de salidas transitorias: que los violadores cumplan toda la condena”.
El presidente de Compromiso Ciudadano, Mario Fuentes, -una de las entidades que apoyó activamente a la asociación "Madres del Dolor" en el proyecto que fue sancionado el 3 de Julio de 2013 por el Senado Nacional- indicó "Es indignante y negligente que la ley no esté reglamentada en nuestra provincia y en otras del país, el tema es prioritario, se trata de prevenir nuevos casos y el aporte que debe hacer la justicia es fundamental y urgente".
Sumado a esto, como propuesta buscan igualar las penas por ilícitos con acceso carnal a las de homicidio y erradicar los regímenes de moderación para los imputados en estas causas.
Dos años después de su aprobación, el debate se reactivó en Diputados tras la muerte de Ángeles Rawson, en donde obtuvo un sólo voto en contra.
