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AÑO 11 - EDICIÓN Nº 1937
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POLÍTICA
jueves 8 de febrero de 2018

La Justicia Federal levantó el procesamiento de Giustozzi


Dictó la falta de mérito al ex intendente de Almirante Brown en una causa por administración fraudulenta en la construcción de un sistema cloacal en Claypole. También fue destrabado el embargo sobre sus cuentas. La investigación continuará.  

La Sala 2 de la Cámara Criminal y Correccional Federal declaró la “falta de mérito” en la causa que investiga la construcción de un sistema cloacal en Claypole. De este modo, el flamante embajador de Ecuador, Darío Giustozzi, dejó de estar procesado y fue liberado el embargo que pesaba sobre él por tres millones de pesos.
En el fallo, el tribunal resolvió: “Disponer la falta de mérito para procesar o sobreseer a Edgardo Atilio Bortolozzi, Lucio Mario Tamburo, Rubén Darío Giustozzi, Daniel Roberto Bolettieri y Luis Alberto Carusso, quedando sin efecto el embargo dispuesto sobre sus bienes”.
Sin embargo, en el texto se le encomienda al juez instructor que “profundice la investigación”. El proceso continuará bajo una serie de lineamientos que no han quedado claros en esta instancia.
 

Otro ex intendente aliviado con el fallo

Sin procesamiento ni embargo también está Bolettieri, ex jefe comunal de Almirante Brown que sucedió a Giustozzi y que, en ese momento, se desempeñaba como secretario de Infraestructura y Planificación municipal.
 

La causa

Pese a estar finalizada la obra, la investigación confirmó que no funciona. Las tareas habían comenzado en 2009 y concluyeron en 2015. Eran para proveer agua potable y cloacas a Claypole, en el plan de saneamiento de la cuenca del Riachuelo-Matanza.
La realización estaba a cargo de la empresa estatal Agua y Saneamientos Argentinos S.A (AySA), de la provincial Aguas Bonaerenses S.A (ABSA) y del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enhosa). Sin embargo, se constataron serias irregularidades en la documentación. No se contaban con las habilitaciones correspondientes e inspecciones requeridas.
A partir de los datos de la investigación, se cree que fueron destinados al menos $5.354.352,47 de recursos públicos. El argumento para llevar adelante la causa es que “desde la propia planificación del proyecto se sabía que el sistema -en la forma que había sido diseñado- nunca podría funcionar y, pese a ello, se dilapidó dicho capital avanzando en ese inconducente cometido”, según reza el fallo.
 

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