El Gobierno nacional deberá reintegrar “de inmediato” el beneficio a cerca de 70 mil personas a las que les fue quitado. Esta semana, por decreto, se oficializó la Agencia Nacional de Discapacidad. En Brown, la ONG Compromiso Ciudadano había presentado el primer recurso de amparo en la Región, en defensa de las familias damnificadas del distrito.
La fuerte polémica que se desató por la quita de cerca de 70 mil asignaciones a ciudadanos con discapacidad, impulsó a la gestión de Cambiemos a disponer que el ministerio de Desarrollo Social de la Nación se “abstenga de interrumpir pagos”. Paralelamente, se supo que un fallo lo obligará a rever su política restrictiva, aunque la administración de Mauricio Macri puede apelar la medida.
La jueza Adriana Cammarata, titular del juzgado de Seguridad Social N° 8, emitió una medida cautelar en contra de lo resuelto por el Gobierno nacional que lo obligará a que restablezca las pensiones por discapacidad que habían sido dadas de baja de manera provisoria.
Según se informó en la resolución de la magistrada, la ayuda que les fue suspendida a varias personas, fue aplicada “sin mediar resolución fundada previa en un proceso que garantice el debido proceso para hacerlo”.
Entre los nuevos requerimientos, se tenía en cuenta “que tengan discapacidad total (o superior al 73%), que sea permanente e ingresos menores a 3 jubilaciones mínimas”. Si alguien ganaba más que eso, no calificaba para obtenerla.
Cammarata recordó a su vez que “la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos prohíbe en su artículo 9 al Estado realizar comportamientos materiales que importen vías de hecho administrativas lesivas de un derecho o garantía constitucionales".
Por ello, “la asistencia que recibían los damnificados era un derecho adquirido y que deben continuar percibiendo el beneficio porque rige el principio de presunción de legitimidad”.
Nueva órbita de trabajo
Mediante un decreto se oficializó la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya tarea será diseñar y ejecutar políticas públicas y autorizar pensiones por invalidez. Funcionará en la órbita de la Secretaría General de Presidencia, pero tendrá autarquía económica financiera y personería jurídica propia.
Cumplirá prácticamente los mismos objetivos que tenía la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad (Conadis) y la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales. Esta última estaba a cargo de Guillermo Badino quien había avanzado con el recorte.
"Resulta necesario centralizar en un único organismo especializado todas las cuestiones vinculadas a las personas en situación de discapacidad, propiciando un conjunto de políticas tendientes a la plena inclusión, en un marco de accesibilidad universal, autonomía e igualdad de oportunidades", explicaron fuentes del Ejecutivo.
Respaldo local
En junio de este año, la ONG Compromiso Ciudadano dirigió a los Tribunales de Lomas de Zamora el primer recurso de amparo colectivo de la región, que buscaba la restitución del beneficio económico perdido por familias del distrito.
La medida que fue presentada en el Juzgado Civil y Comercial Nº 4 en nombre de la entidad que encabeza Mario Fuentes, contó con el apoyo de la Defensoría del Pueblo bonaerense y el Colegio de Abogados de Lomas de Zamora, entre otras entidades participantes.
