Adrián Aníbal Torres admitió que lo hicieron porque “estaban bajo amenazas”. Culpan a un tercero por el crimen de Ayelén Roldán. Este jueves, será el turno de Natalia Inés Cottone, quien se enfrentará ante la fiscal para brindar su relato.
El matrimonio fue detenido el 4 de agosto pasado por decisión de la titular de la UFI 3 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, María Laura Alfaro, quien se valió de numerosas pruebas de ADN halladas en el cuerpo de la víctima para ordenar la aprehensión.
La fiscal ya tuvo un primer contacto con Torres, quien admitió haber mentido "porque estaban amenazados por gente muy pesada". Culpó a un tercero, que sería “un profesional en borrar todo tipo de huellas”; y confesó que no dijeron nada “por temor”.
Alfaro recibirá este jueves a la otra sospechosa a fin de certificar que los relatos coincidan y comprobarlos empíricamente. No obstante, la evidencia que posee la fiscal complica la situación procesal del matrimonio y su intención de desviar la culpa a un tercero.
Adrián Aníbal Torres y Natalia Inés Cottone se encuentran detenidos en las comisarías de Claypole y Solano, respectivamente. Fueron instados a prestar declaración en calidad de acusados de homicidio. En un primer momento, se habían negado a hablar por consejo de sus defensores.
El caso
Ayelén Roldán fue encontrada asesinada en un inmueble ubicado en Fleming al 3500, en Glew, con signos de asfixia mecánica provocados por un tercero. En la escena del crimen, además, hallaron un cable prolijamente dispuesto en el cesto de la basura.
El hecho ocurrió durante la madrugada del 5 de julio pasado. Según las pericias, la joven, de 19 años, se había resistido al ataque. Los peritos hallaron el perfil genético de Cottone, debajo de las uñas de Ayelén; y su marido, Torres, también tenía mezcla con el ADN de la víctima y de su esposa.
Según Alfaro, se trata de un “cúmulo de indicios” en contra de la pareja, que quedó imputada por “Homicidio simple en concurso ideal con aborto”, ya que Ayelén transitaba un embarazo de cinco meses. Podrían recibir hasta 25 años o más de reclusión.
