Deberán completar la escuela primaria y secundaria para percibir el ingreso, que ronda los 4.400 pesos.
Los planes sociales continuarán vigentes para la población más vulnerable del país, aunque con nuevas condiciones. Es que el Gobierno nacional prepara el terreno para obligar a los beneficiarios a estudiar. Será condición para acceder.
La iniciativa busca que los destinatarios del programa finalicen los estudios de nivel primario y secundario. Hasta ahora, quienes percibían el ingreso sólo realizaban talleres o trabajaban en cooperativas.
“El 60 por ciento de las personas que cobran un plan no terminó el colegio secundario”, señaló la titular del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley. Se basó en un relevamiento sobre la actividad de prestación durante los últimos dos años.
Tiene dos ejes pragmáticos. El primero se trata de la “Educación Formal Obligatoria”, que obligará a los titulares de los planes a terminar la escuela.
Entre los lineamientos de la medida se destaca que "a los fines de pertenecer al beneficio quienes lo cobren, deberán acreditar que se han inscripto y se encuentran cursando”. Tendrán hacerlo en institutos habilitados por el Ministerio de Educación de la Nación.
El propósito es brindar autonomía a la persona y prepararla para el mercado laboral. De esta manera, los adjudicatarios podrán mejorar su “Formación integral” y especializarse también con cursos profesionales y talleres brindados por organismos gubernamentales y privados.
En términos técnicos, la modificación también contempla la eliminación de los programas Argentina Trabaja y Ellas Hacen. De esta forma, se creará uno nuevo, “Hacemos Futuro”, que nucleará a los destinatarios de ambos.
Actualmente, unas 261 mil personas cobran los 4.430 pesos del plan. De ese total, alrededor de 60 mil pertenecen a organizaciones sociales, como CTEP, CCC y Barrios de Pie.
Cada uno de los 50 entes de estas agrupaciones reciben 12 mil pesos al año por cada beneficiario de un plan social. Esos ingresos sirven para cubrir costos administrativos, operativos e insumos. La inversión sería de 720 millones. Pero, con este giro, dejarán de recibirlos.
Ya no serán las organizaciones quienes gestionen el reparto de planes. Ni tampoco algunos municipios, que se constituyeron como entes y recibían 18 mil por año por cada prestatario.
Los fondos que se ahorrarán superarán los 1.500 millones. De acuerdo a las estimaciones del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, serán destinados a obras de infraestructura en barrios vulnerables.
