El proyecto, presentado por el Senador Roberto Costa, prevé la creación de un observatorio. Tendrá como objetivo construir una legislación que garantice la seguridad en la red.
Con la llegada de las redes sociales, crecen a pasos agigantados los casos de Grooming a nivel mundial. Se trata de adultos que contactan a menores a través del ciberespacio, mediante la manipulación y ocultando su verdadera edad, para realizar acciones de índole sexual.
Ante esta problemática que crece, la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires avanza en la elaboración de una ley para combatir este delito.
La medida fue presentada por el presidente del Bloque de Senadores de Cambiemos, Roberto Costa. Tiene como objetivo la creación de un Observatorio de Políticas Digitales, que se encargará de crear un marco regulatorio para proteger los datos de los bonaerenses.
Según informó Costa, la norma apunta a “crear una legislación que pueda dar respuesta a los nuevos usos y costumbres” que han nacido a raíz de las nuevas tecnologías. Señaló que esto se debe a que “han cambiado drásticamente la forma en que la gente se comunica, informa, entretiene y compra”.
El instituto trabajará estudiando las políticas y programas que se desarrollarán con respecto al ciberespacio y la protección de datos. Llevará adelante la tarea junto con los Ministerios y Organismos de la Administración Pública Provincial.
Asimismo, el Senado será el encargado de designar a los funcionarios que integrarán el Observatorio. Junto representantes de las organizaciones civiles, sociales y académicos, tendrá la responsabilidad de implementar el proyecto.
Según un informe, en los últimos dos años la cantidad de casos de Gromming ha aumentado un 300% en el país. En 2016, el número de casos reportados en fiscalías especializadas en delitos informáticos fue de 8.800. Increíblemente, al año siguiente se registraron 23.500.
Asimismo, informaron que el 85% de las denuncias que ingresan aquí son de pornografía infantil o mismo por esta problemática. Sólo el 15% corresponden a amenazas por internet, o algún fraude.
En 2013, el Congreso de la Nación sancionó la norma 26.904. Establece que será castigada toda persona que se contactara por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma. Tendrá una pena de seis meses a cuatro años.
