Lo dictó la Suprema Corte. Ahora, los jueces deberán analizar caso por caso. Toda la información.
La Suprema Corte de Justicia bonaerense revocó el habeas corpus colectivo que había dictado el 8 de abril el juez Victor Violini, en el Tribunal de Casación. De este modo, resolvió hacer lugar parcialmente al recurso de inaplicabilidad de ley presentado por la fiscalía.
Dispuso que la situación de cada detenido sea “reencauzada”. Serán los órganos judiciales competentes quienes revisen y evalúen las peticiones de los procesados o condenados. En los análisis particulares, se deberá tener en cuenta el tipo de delito que cometió y la situación de la víctima, entre otros factores.
Con voto unánime y criterio unificado, los jueces Daniel Soria, Luis Genoud, Eduardo Pettigiani, Hilda Kogan, Eduardo de Lázzari y Sergio Torres tomaron la decisión de dar marcha atrás al polémico fallo que despertó declamos y cacerolazos.
El máximo tribunal de la provincia hizo lugar a la apelación del procurador general Julio Conte Grand, quien pidió que se revoque la resolución de Violini.
Para accionar, también analizaó el memo que había presentado el defensor oficial ante la Casación, Mario Coriolano, para que la decisión quedara firme. La defensoría ahora podría llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia.
La Suprema Corte reconoció el carácter de las acciones judiciales de “remediar la situación de las personas privadas de su libertad” y subrayó que “no se ignora la dimensión colectiva que exhibe la problemática de las cárceles, con hacinamiento y superpoblación”. Sin embargo, advirtió que los reclamos principales que contiene la demanda no podían ser resueltos en forma colectiva.
El máximo tribunal bonaerense remarcó en su resolusción que “el diseño de las políticas públicas que repercuten sobre la problemática de las cárceles, la asignación de las partidas presupuestarias y la administración del sistema penitenciario, escapan a la competencia de los jueces”.
También exhortó a la Legislatura provincial a “adecuar a la normativa provincial para la implementación de la Ley de Víctimas”. A su vez, le recordó al Ejecutivo la importancia de “ajustar las medidas para atender la pandemia en el contexto de situaciones de encierro", teniendo como base a las recomendaciones y directivas de la Organización Mundial de la Salud.
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La Corte ya había suspendido la semana pasada los efectos de la resolución de Violini. Los 19 defensores generales de la Provincia habían pedido la libertad de los presos bonaerenses que sean considerados grupo de riesgo. Explicaron que “por la sobrepoblación y las malas condiciones corren peligro ante una eventual entrada del Covid-19 al sistema”. También habían reclamado la libertad de quienes tienen penas menores a cinco años.
Al conocerse que varios de esos presos estaban cumpliendo condena por homicidios o violaciones, la Fiscalía solicitó que se revea la medida. Entre los casos de prisión domiciliaria estaba el de Pedro Olmos, quien en 2019 abusó de su vecina de 13 años. Gracias a este fallo, había vuelto a su casa, a metros de la víctima.
