Desde las asociaciones de defensa a usuarios y consumidores, advierten que los porcentajes de aumento se definen con anterioridad a las exposiciones y que éstas no inciden sobre la decisión final. "El único objetivo es que las empresas obtengan ganancias", sentenció Osvaldo Bassano, titular de ADUCC en diálogo con De Brown.
En el último encuentro que se concretó en el Teatro porteño de la Ribera se definió un nuevo aumento para el gas. Entidades que defienden a los usuarios advirtieron que no tiene fundamento y que la población no podrá solventarlo.
Lo curioso fue que, mientras se desarrollaba el encuentro, se anunció oficialmente el valor de la suba. Esto evidencia que no se tomaron en cuenta las opiniones de los expositores ni se realizó un analisis posterior sobre las consecuencias que tendría la suba.
“Las audiencias son en perjuicio del consumidor, una fantochada. Buscan solucionar el problema financiero de las empresas y que obtengan más ingresos”, exclamó ante www.deBrown.com.ar el referente de la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC), Osvaldo Bassano.
Demandó que quienes deben controlar que se realicen en un marco legal son “los mismos empresarios de las compañías que prestan los servicios públicos”. “Son ilegítimas a tal punto que ya hemos interpuesto infinidad de nulidades y denuncias penales por asociación ilícita”, clarificó.
Además señaló que la ciudadanía desconfía de la utilidad de este recurso, por eso cada vez hay menos cantidad de expositores. En las primeras que se realizaron para definir el cuadro tarifario de la luz hubo más de 300 oradores, en la última por el gas menos de 100.
“Los funcionarios del Gobierno y los empresarios se unieron para generar un negocio en contra del patrimonio del erario público y de los consumidores. Y como la mayoría de los jueces tienen buena sintonía con las corporaciones, la población sabe que es muy complicado que se haga justicia”, lanzó.
En ese mismo sentido, planteó que no se desarrollan con fundamentos sólidos. “Con ellas lo único que se pretende es que las firmas ganen más plata y no que brinden un mejor servicio o que optimicen la calidad”, determinó.
Bassano criticó que en la jornada que se concretó el 10 de marzo en el Teatro de la Ribera el ministro de Energía, Juan José Aranguren comunicó que el gas se encarecerá un 13 por ciento en tres tramos desde abril, sin esperar que culmine la instancia de discusión.
“Tienen una forma dictatorial de gobernar, esto nos habla de una falta de Democracia. Los servicios públicos en Argentina, en proporción al ingreso del consumidor, son los más caros del mundo”, anexó.
¿Cuáles son los aumentos reales?
Bassano informó que si se comparan los valores del 2015 con los de marzo del 2017 la energía eléctrica trepó 1.200 por ciento; el gas entre 1000 y 1200 por ciento y el agua cerca del 1000 por ciento.
Adelantó que, frente a estas fuertes actualizaciones, seguirán con las acciones colectivas. “Si esta situación no cambia habrá una rebelión social”, aventuró.
“Es una exageración, están vaciando el patrimonio de los consumidores. El 30 por ciento ya no paga el agua, entre un 25 y un 35 por ciento tiene problemas para cubrir el gas, otros ya piden que se lo corten. La pobreza energética crece cada día”, concluyó.
Antecedente
En la audiencia del 10 de marzo Aranguren anticipó que se establecerán topes para las facturas de gas superiores a 250 pesos, con el propósito de que no superen incrementos de entre 300 y 500 por ciento, según la categoría.
De esta forma, en abril el servicio se encarecerá inicialmente un 13 por ciento y después se le añadirá el precio del transporte y la distribución, que también subirán el mismo mes.
Además, las actualizaciones se harán en tres tramos. En abril, noviembre y abril de 2018. La idea es lograr una “reducción gradual de subsidios”.
En septiembre de 2016, en un encuentro de similares características, las distribuidoras informaron que en los próximos cuatro años dispondrán 9.620 millones de peso para concretar mejoras, pero para hacerlo deberían acrecentar sus tarifas un 27 por ciento para los hogares y un 14 por ciento para las industrias.
