Tras la solicitud de la Corte Suprema, la procuradora general de la Nación emitió un dictamen no vinculante. Objetó que no se hayan realizado las audiencias públicas y los altos porcentajes aplicados al gas. Respaldó el fallo de la justicia platense que retrotrajo los precios.
La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, respaldó la decisión de la Sala II de la Cámara Federal de La Plata de suspender el aumento en las facturas de gas, la cual invalidó las resoluciones 28 y 31 del Ministerio de Energía y Minería y retrotrajo la situación a la fecha previa de la medida.
En el dictamen, Gils Carbó alegó que dichas resoluciones “impusieron a los usuarios y consumidores un aumento significativo que impacta, de manera inmediata e irreversible, en el acceso a un servicio básico y en la planificación de gastos familiares y costos empresariales”.
Por otro lado, cuestionó de manera reiterada la ausencia de audiencias públicas para debatir la iniciativa previo a su implementación. Resaltó que el Poder Ejecutivo “no respetó” la ejecución de dicha herramienta de participación ciudadana y contradijo la apelación interpuesta por el Gobierno nacional.
Según la procuradora, este tipo de instancia “favorece la democratización de las decisiones, la formación de consensos, la transparencia y la publicidad de los actos y los procedimientos, lo que, en definitiva, fomenta el control social”.
En este sentido, resguardó al tribunal platense considerando que “interpretó adecuadamente el derecho federal vigente al concluir que el aumento tarifario no pudo ser válidamente implementado sin la realización previa de una audiencia pública dado que la Ley 24.076 de Gas Natural impone ese mecanismo como herramienta”.
"Si bien es cierto que el mérito de una política pública es una cuestión que excede el ámbito de una revisión judicial, no es menos cierto que tales políticas deben implementarse con acatamiento a los límites”, disparó.
Y agregó: “Una de las funciones del Poder Judicial es controlar que los restantes poderes del Estado no se extralimiten en el ejercicio de sus facultades y respeten el ordenamiento jurídico vigente”.
Entre otras cuestiones, destacó la amplia cantidad de recursos de amparo colectivos que, al igual que el presentado por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) en La Plata, hicieron notar la problemática a lo largo del país.
La Corte Suprema le había enviado el expediente para que la procuradora se expida sobre el hecho en cuestión. Si bien la palabra de Gils Carbó no es vinculante, es decir, que no afecta a la decisión final del máximo tribunal, se trata de una instancia técnica que opera para todos los casos que ingresan al organismo.
Luego de recibir el texto, los jueces del máximo tribunal estarán habilitados para tomar una decisión. No se descasta la posibilidad de que Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti puedan emitir una solución en el transcurso de mañana.
