La Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso retrotraer las tarifas, avalando el fallo de la Cámara Federal de La Plata. Los montos serán los correspondientes al 31 de marzo. La medida estará vigente sólo para usuarios residenciales. El Gobierno anunció que el 12 de septiembre se realizará la primera audiencia pública informativa.
El máximo tribunal de Justicia respaldó la decisión de la Cámara de La Plata por unanimidad. En su fallo argumentó que "no se realizaron las debidas audiencias públicas previas a la implementación de las resoluciones 28 y 31 del Ministerio de Energía y Minería", a través de las cuales el Gobierno nacional fijó los aumentos.
La disposición alcanzará solamente a usuarios residenciales hasta que se lleven a cabo las instancias de debate obligatorias. Ante la nueva disposición, los consumidores particulares deberán aguardar por la reimpresión de las factura.
Aquellos que ya han abonado el monto con los aumentos, contarán con una nota de crédito a su favor y quienes no lo hayan hecho, deberán pagar los meses atrasados al valor que tenían antes del 31 de marzo.
El incremento sobre la industria sigue en pie y pone en peligro la subsistencia de PyMes y comercios, que sí deberán pagarán los aumentos con un tope del 500 por ciento.
El director de la Unión de Usuarios y Consumidores, Claudio Boada, especificó que la decisión de la Corte “es una solución a medias”. “Necesitamos soluciones masificadas”, precisó. No descarta una “avalancha de denuncias individuales” en los próximos días.
“No se ha dado el mismo trato al resto de los sectores que van a seguir afectados”, sostuvo. Es que el fallo no contempla a clubes de barrios, cooperativas recuperadas, centros culturales o micro PyMes, ya que “no lograron constituir un reclamo representativo de todas las entidades del país”, según señaló.
Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) emitieron un comunicado oficial manifestando su descontento frente al fallo. Advirtieron que "las pequeñas y medianas empresas se verán gravemente afectadas por la arbitrariedad de aumentos tarifados". Aseguraron que encaminarán "las medidas cautelares para defender la producción y el trabajo".
Tarifa social
Los magistrados hicieron especial hincapié en aclarar que "seguirán vigentes las tarifas sociales", por ende, estarán eximidos de abonar el monto total por el servicio de gas. Se bonifica el 100% de la tarifa de gas para los que apliquen (representa el 60% del total de la factura) y solo se pagará la distribución y el transporte.
Para recibir el servicio a menor valor, los requisitos son los mismos:
1) Ser jubilado o pensionado por un monto equivalente a dos veces el haber mínimo nacional.
2) Personas con empleo en relación de dependencia, que perciben una remuneración bruta menor o igual a 2 Salarios Mínimos Vital y Móvil (SMVyM), unos 12.120 pesos.
3) Ser titular de programas sociales.
4) Estar inscripto en el Régimen de Monotributo Social.
5) Estar incorporado en el Régimen Especial de Seguridad Social para empleados del Servicio Doméstico (artículo 21 de la Ley N° 25.239).
6) Estar percibiendo el seguro de desempleo.
7) Contar con certificado de discapacidad.
La respuesta del Gobierno nacional
El Jefe de Gabinete, Marcos Peña; el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, realizaron una conferencia de prensa en la que se manifestaron de acuerdo con lo estipulado por la Corte.
“Nuestra tarea no pasa por discutir sobre los fallos sino por cumplirlos”, afirmó Peña, en el inicio de la comunicación. “El veredicto permite terminar con la incertidumbre que se generó hace cuatro meses y ratifica que el cuadro tarifario anterior está vigente”, agregó.
El funcionario confirmó que “se va a emitir la orden a las empresas para que refacturen y se normalicen las boletas”. Por otro lado, ratificó la convocatoria a una audiencia pública informativa para el 12 de septiembre. Así lo establece el artículo 3 de la resolución 3953/20'6 del Enargas, publicada hoy en el Boletín Oficial. La misma tendrá lugar a las 9 de la mañana en la usina del arte. Para octubre, se prevé que se realice el primer encuentro de debate para fijar el nuevo cuadro tarifario.
“Este fallo confirma que tenemos que trabajar en una mejora estructural de un sistema energético que está en una crisis muy profunda”, aseguró Peña; al tiempo que advirtió que “el 40 por ciento del país aún no cuenta con el servicio de gas en red”.
La audiencia
Será de carácter informativa garantizando el derecho a la información pública que estipula la Constitución Nacional. Si bien la fijación del precio de los servicios públicos es potestad del Poder Ejecutivo, a su vez, es obligación de ese cuerpo realizar las audiencias correspondientes para fijar un monto razonable y equitativo.
Dentro de tres semanas se debatirá en relación a los tramos de extracción, distribución y transporte del gas. El coste de boca de pozo, correspondiente a la obtención del recurso, representa un 70 por ciento del total de la factura. En tanto, el precio del transporte a los hogares conforma el resto del importe.
Durante la conferencia, Aranguren anticipó que el costo de generación de energía será inferior al promedio del mercado, ya que “sería aún más perjudicial para la población” y, por esta razón, lo someterán a audiencia pública. Sin embargo, no brindó todavía cifras precisas.
“El cuadro que se va a presentar y exponer a la participación de los que asistan es el que hemos intentado aplicar durante estos meses con las modificaciones que se consideren a partir de los aportes de los miembros de la sociedad”, detalló.
Los reclamos y recursos de amparo colectivos e individuales, que ya comenzaron a arribar a la Justicia, serán recibidos hasta que la audiencia se lleve a cabo.
