La Justicia ratificó la suba que se impuso en abril de 2016 para Capital Federal y el Conurbano. Rechazó el pedido de ADDUC para frenar el incremento.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal dejo sin efecto el planteo de la Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores (ADUCC) contra AySA y el Estado nacional, que pretendía evitar la actualización de las tarifas.
Fuentes de AySA, que opera en el distrito, indicaron que el incremento ronda el 216,6 por ciento, con un máximo de 375 por ciento.
Regirá para la Capital y los municipios de Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, Ezeiza, Hurlingham, Ituzaingó, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Morón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Martín, Tres de Febrero, Tigre, Vicente López y Escobar.
De esta forma, sigue vigente la Disposición 62/2016 del Ministerio del Interior, Obras públicas y Vivienda, que en abril del año pasado autorizó el reajuste, hasta tanto se defina la constitucionalidad o no del tarifazo.
ADDUC había fundamentado su requerimiento en que no se respetó el artículo 42 de la Constitución Nacional que estipula que antes de un aumento de un servicio público se debe garantizar la participación de asociaciones de consumidores. Como no se llamó a una audiencia pública, el encarecimiento era "inconstitucional".
Los magistrados plantearon que no hay una vulneración de derechos porque "el aumento tarifario fue dispuesto, previa intervención, precisamente, de las Asociaciones de Consumidores y Usuarios, plasmada a través de la Sindicatura de Usuarios del Ente Regulador de Agua y Saneamiento".
