En ese sentido se expresaron el jefe del bloque de diputados del Frente Renovador Darío Giustozzi y el intendente de Almirante Brown, Daniel Bolettieri, en relación a la causa Ciccone, en la cual se encuentra sospechado el vicepresidente de la Nación. El legislador además, acusó al ex intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde de ser su “principal socio político”.
La causa de la empresa calcográfica ex Ciccone avanza en la Justicia y con ella las repercusiones políticas sobre las acusaciones que enfrenta el vicepresidente de la Nación, Amado Boudou. Es que luego del llamado a indagatoria, que deberá presentarse hoy ante el juez Ariel Lijo, su situación judicial se complica cada vez más.
Ante este panorama, la oposición e incluso algunos sectores del oficialismo solicitaron que Boudou sea apartado del cargo, hasta que se resuelva su grado de vinculo con la causa.
“Hace rato tendría que haber dado un paso al costado y pedir licencia, es una cuestión ética”, analizó el jefe del bloque de diputados del Frente Renovador en la Cámara baja, Darío Giustozzi. Asimismo, señaló que el caso “se vuelve emblemático, por un lado, por el trámite judicial, porque se debe actuar con celeridad, y por otro, por la imagen que se está dando a la sociedad”.
Acusó al Gobierno nacional de que, pese a la resonancia que había tenido el caso durante el año pasado, “puso al principal socio político de Boudou como candidato a primer diputado nacional en su lista”, en referencia a Martín Insaurralde, ex intendente de Lomas de Zamora.
El legislador recordó que su par del Frente para la Victoria expresó hace algunas semanas que “Boudou era víctima de un linchamiento mediático y una persona de bien que iba a demostrar su inocencia”.
De este modo, Giustozzi señaló que existe una especie de “protección” de Boudou por parte de la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, e insistió con que “es muy emblemático que su principal socio político (por Insaurralde) salga con esas posiciones a defenderlo”.
En sintonía con los dichos de su antecesor, el intendente de Almirante Brown, Daniel Bolettieri, también se refirió a la causa que tiene entre sus principales sospechosos al Vicepresidente y aseguró: “Lamentablemente es la crónica de una muerte anunciada”.
“Es inentendible que no haya dado un paso al costado, un pedido de licencia, teniendo en cuenta los numerosos antecedentes puestos sobre la mesa que lo vinculan con el caso de la ex Ciccone”, expresó el Jefe Comunal.
Asimismo, sostuvo que “genera una gran preocupación porque, que sea indagado el vicepresidente de la Nación, es sorprendente en la historia argentina”. “Sin lugar a dudas la Justicia tienen que obrar con toda energía para que se esclarezca la realidad, el tema es ¿quién está detrás de Boudou?. Es la pregunta del millón”, ironizó.
El Vicepresidente se lo investiga por supuesto tráfico de influencias en el salvataje de la ex imprenta Ciccone. Lo acusan de haberse quedado con la empresa para hacer negociaciones con el Estado, utilizando el cargo que tenía por ese entonces como ministro de Economía; y aprovechando también la participación de su amigo y socio Núñez Carmona y de Vandenbroele, titular de “The Old Fund”, empresa que se quedó con el 70 por ciento de la Calcográfica.
¿Grabación de indagatoria?
Pese al rechazo del juez federal Ariel Lijo de que la declaración de Amado Boudou sea transmitida en vivo en los medios de comunicación, el vicepresidente puede grabarla y después difundirla por su cuenta.
El fiscal general adjunto de la Ciudad, Luis Cevasco, afirmó que el segundo de Cristina Kirchner “puede grabar el acto de la indagatoria” al que se va a sometido hoy, en el marco de la causa Ciccone.
“Si el imputado quisiera grabar o filmar para él el acto de la declaración indagatoria no habría ningún problema ni ninguna objeción, puede hacerlo”, sentenció en diálogo con la prensa el jurista, que preside la Asociación Argentina de Fiscales.
