A tres años del hallazgo de la familia Pomar, María Cristina Robert -madre de Gabriela Viagrán- presentó una demanda por más de 12 millones de pesos contra el gobierno bonaerense. Responsabiliza al Estado provincial por las “malas condiciones de la ruta 31”, donde ocurrió el accidente; y al Ministerio Público “por daño moral”.
Se cumplieron tres años de la aparición sin vida de los cuatro integrantes de la familia Pomar, y sus allegados siguen su camino en búsqueda de justicia. Afirman que hubo responsabilidad por el mal estado de ruta 31 y denuncian “graves fallas” durante los procedimientos de búsqueda.
Por tal motivo, María Cristina Robert -madre de Gabriela Viagrán, uno de los adultos fallecidos en el accidente-, presentó una demanda por más de 12.066.000 de pesos contra el gobierno bonaerense.
Según informó la querella, la presentación judicial apunta, por un lado, a responsabilizar al Estado provincial por las “condiciones en las cuales estaba la ruta en la que ocurrió el accidente” y, por el otro, demanda al Ministerio Público, de la que dependen los fiscales, “por daño moral tras la demora de 24 días para encontrar a la familia”.
La presentación judicial ya fue presentada y quedó en manos del Tribunal en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Mercedes. Sin embargo, los tiempos de la Justicia son lentos y se espera que recién a finales del próximo año haya alguna novedad al respecto.
El hecho
El 8 de diciembre de 2009, Gabriela Viagrán, de 36 años; Fernando Pomar, de 40; Candelaria, de 6, y María del Pilar, de 3, eran encontrados muertos a la vera de la ruta provincial 31, a la altura de la curva conocida como Plazibat.
La búsqueda de sus allegados, que se extendió 24 jornadas desde que la familia desapareció cuando se dirigía en su Fiat Duna desde su casa en José Mármol, partido de Almirante Brown, hacia Pergamino, finalizaba con el peor de los escenarios: los cuatro estaban muertos.
Las pesquisas detallaron en sus informes que tanto Gabriela como una de sus hijas, Candelaria, estuvieron 64 horas vivas luego del accidente. Por ende, la querella culpabilizó a los efectivos que realizaron los rastrillajes y a los jefes policiales que coordinaron los procedimientos.
En la investigación, se pudo comprobar además que los peritos desestimaron un llamado al 911 durante los días de búsqueda de la familia. Un hombre que había alertado sobre la presencia de un vehículo rojo que, casi un mes después, se supo era el Fiat Duna de los Pomar, volcado entre unos pastizales a la vera de la ruta 31.
