La audiencia se lleva a cabo, desde las 9, en la Universidad Católica Argentina de Puerto Madero. Se analizará el aumento del servicio para los usuarios de Metrogas y Gas Natural BAN, de cara al 2017.
El Gobierno Nacional pretende definir el costo de la prestación que entrará en vigencia en todo el país a partir de abril del próximo año y que se extenderá hasta 2021.
De acuerdo a la resolución 4136/2016 publicada en el Boletín Oficial, se pedirá opinión respecto a la posible modificación de los Reglamentos de Servicio de Transporte y Distribución, y de la metodología de ajustes semestrales.
La instancia se desarrolla este miércoles, desde las 9, en el salón de usos múltiples “Juan Pablo II” de la Universidad Católica, en Puerto Madero.
Aunque son de carácter consultivo, lo que allí se trate afectarán a los consumidores del Área Metropolitana de Buenos Aires, ya golpeados por los altos índices de inflación.
Participará del encuentro "toda persona física o jurídica, pública o privada, que invoque un derecho subjetivo, interés simple o derecho de incidencia colectiva".
¿Qué proponen las distribuidoras?
El 18 septiembre se concretó una audiencia pública por orden de la Corte Suprema de Justicia, donde las empresas pidieron una ampliación de los montos del 203 por ciento para los hogares.
En ella se estableció el importe del gas en boca de pozo, cambio que impactó en la boletas desde mediados de octubre. Las mismas se imprimieron con incrementos promedios del 200 por ciento para los consumidores particulares.
Además, se decretó que dicha actualización se realice dos veces al año, en abril y octubre, hasta 2019; y que el dinero destinado a distribución y transporte también varíe de forma semestral.
El alza fue rechazado por las asociaciones que defienden a los usuarios, por los integrantes de entidades sin fines de lucro, sindicatos y especialistas.
En representación de Almirante Brown expuso Mario Fuentes, titular de la ONG Compromiso Ciudadano. En su discurso exteriorizó que las disposiciones del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) habían sido desproporcionadas y actuado en detrimento de los sectores más vulnerables, de los comercios y las Pymes.
