La disposición pretende resguardar la integridad física y los bienes de los ciudadanos. Se podrán concretar obras y disponer del personal, servicios y suministros necesarios para mejorar la situación crítica que registra el área. Será por el lapso de un año.
Se estableció a través de un decreto de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal. Rige para las áreas de Seguridad, Servicios Penitenciarios e Infraestructura. El objetivo es maximizar y planificar aspectos de gestión, operativos y funcionales, tanto de recursos humanos como materiales.
Como ya ocurrió en 2014 y en 2015, se extendió por un año la emergencia en seguridad en Buenos Aires. Generará más fondos para la compra de armas, patrulleros, equipamiento y financiar la incorporación de 25.000 uniformados provinciales y 18.000 efectivos en las policías municipales.
Con esta medida, el Ministerio de Seguridad, el de Economía y el de Justicia podrán concretar adecuaciones presupuestarias, establecer convenios y acuerdos, con personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, para lograr una mejor aplicación de los materiales disponibles.
Un punto central es que se les permitirá convocar al personal policial que se encuentra en situación de retiro activo, es decir, aquellos efectivos que no están trabajando por haber prestado los años de servicios y cumplir con la edad para acceder a la jubilación.
El expediente del decreto detalla que la cartera de Seguridad tendrá la posibilidad de "reasignar funciones y destinos a todo el personal de las Policías de la Provincia y resolver la disponibilidad de los agentes o desafectar del servicio, pudiendo asimismo jubilar o pasar a retiro según el caso".
“Como es de público conocimiento, se ha constatado la existencia de una gran cantidad de hechos delictivos, lo que exigió la adopción por parte del Estado de soluciones concretas. Dada la complejidad de la cuestión a resolver, se estima indispensable la adopción de un conjunto de medidas en pos de contribuir a aumentar la seguridad ciudadana", puntualiza el documento.
Por otra parte, con respecto a Infraestructura y Servicios Públicos, la emergencia permite intervenir en todos los entes, empresas y sociedades de propiedad exclusiva del Estado Provincial.
Tratamiento
El debate del régimen se dio en la Cámara de Diputados, pero no se llegó al acuerdo requerido para ser avalado. Frente a ello, la gobernadora emitió un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que dio lugar a la emergencia en Seguridad, Servicios Penitenciarios e Infraestructura.
Desde la Secretaria de Comunicaciones informaron que "ante la imperiosa necesidad de comenzar a solucionar problemas urgentes en las escuelas, los hospitales, las rutas y obras hidráulicas", decidió declararlas mediana esta vía.
Dentro del paquete de políticas aplicadas de esta forma, se incluyó la prorrogación del Presupuesto 2015, ya que el previsto para el 2016, tampoco fue acompañado por el Congreso.