Lo advirtió el concejal del bloque de Cambiemos, Julio Arriete, respecto de la decisión del máximo tribunal sobre las tarifas. En diálogo con De Brown, calificó a las audiencias públicas como una “formalidad importante”, pero afirmó que “la cuestión de fondo es que la Argentina no tiene energía”.
Luego de conocerse el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que respaldó la decisión de la Cámara Federal de La Plata e intimó al Gobierno nacional a realizar audiencias públicas previo a las modificaciones tarifarias, desde Cambiemos mantienen el reclamo por el desabastecimiento energético.
“La instancia de la audiencia previa no va a arreglar el problema de que la Argentina no tiene energía”, señaló el concejal del PRO Julio Arriete, en diálogo con www.deBrown.com.ar.
Es que, dentro del bloque, la energía eléctrica y el abastecimiento de gas son dos de las principales preocupaciones de cara al futuro. El edil advirtió que si el país no comienza a producir su propias reservas, “las inversiones no van a venir, el trabajo de calidad tampoco y la pobreza no se va a poder eliminar”.
“Por más que tengamos créditos, o las mejores condiciones, hay que discutir cómo se hace para volver a tener energía porque sin ella no podemos crecer”, insistió.
En cuanto al fallo de la Corte Suprema, que obliga a la administración de Macri a realizar audiencias públicas, el concejal expresó que “desvía la atención del problema principal”. De todas maneras, se mostró de acuerdo con el cumplimiento de las pautas procesales que impuso la Justicia y que indica la Constitución.
“Todo el mundo se la pasa reclamando sobre las tarifas, pero nadie habla de que si nosotros no financiamos el volver a tener energía nos vamos a quedar sin luz, no vamos a tener inversiones y los problemas económicos serán mucho mayores”, disparó en declaraciones a este medio.
El dictamen la Corte
Sustentó, por unanimidad, la disposición de la Cámara Federal de La Plata que suspendió las resoluciones 28 y 31 del Ministerio de Energía y Minería que anunciaron las subas, por no haberse respetado la realización de audiencias públicas previas a la fijación de los precios.
Intimó, a su vez, a que el Gobierno nacional organice dichas instancias de debate obligatorio. Es por eso que el Gobierno convocó a una primera audiencia el 16 de septiembre, desde las 9, en la Usina del Arte, para configurar el nuevo cuadro tarifario.
La discusión, que no será vinculante, tendrá como participante a “toda persona física o jurídica, pública o privada, que invoque un derecho subjetivo, interés simple o derecho de incidencia colectiva” sobre el aumento de la tarifa.
Sin embargo, la comunicación de los magistrados no hace mención al estado de la producción energética y el desabastecimiento del recurso que sufre el país en la actualidad. Aspecto que, desde Cambiemos, resulta vital de cara al futuro de la Nación.
