El dato surge de un informe elaborado por el INADI y las universidades de de La Plata, Centro, La Matanza, Lomas de Zamora y San Martín. La principal motivación para quienes cometen actos discriminatorios es el lugar de procedencia de las personas. La franja etaria más afacetada es la que va de los 18 a los 29 años.
De acuerdo a un estudio, realizado por el Instituto Nacional contra la Xenofobia y la Discriminación (INADI) y cinco universidades nacionales radicadas en territorio bonaerense, se estableció que seis de cada diez habitantes de la provincia “sufrieron o presenciaron situaciones de discriminación”.
Este tipo de circunstancias, en mayor grado, fueron vividas en los ámbitos laboral y educativo, donde además “la problemática de género está marcada en sus aspectos socioeconómicos y estéticos”.
El informe -elaborado por la dependencia nacional y las casas de estudio de La Plata, Centro, La Matanza, Lomas de Zamora y San Martín- se llevó a cabo sobre la base de 3.600 entrevistas domiciliarias hechas en el Conurbano y en los distritos del interior. De allí se desprendió que uno de los principales motivos tiene que ver con “la condición social y el hecho de ser migrante, ya sea interno o externo”.
Por otra parte, el análisis muestra que la franja etaria con mayores experiencias de segregación se ubica entre los 18 y los 29 años, ya que siete de cada 10 personas de esa edad se sintieron rechazados. Entre los adultos mayores de entre 60 y 74 años, el número descendió a cuatro por cada decena.
En cuanto a las “motivaciones” que originan los actos discriminatorios, el 28 por ciento de los casos se dieron por la condición de migrante de quien la sufre. De esta forma, el lugar de procedencia ubica esta característica como la principal causa, y luego continúa el nivel socioeconómico, con el 20 por ciento. En el Gran Buenos Aires, la exclusión por razones de origen geográfico asciende al 35 por ciento.
En la división por géneros, la investigación sostiene que en el Conurbano “las mujeres sufren un 67 por ciento de discriminación en el ámbito laboral, un 28 por ciento en la vía pública, un 19 por ciento en el ámbito familiar, un 15 por ciento en el ámbito educativo y un 12 por ciento en instituciones públicas”.
Ante este tipo de situaciones, la mitad de los encuestados considera que el Estado debe intervenir e impulsar campañas de difusión e información a fin de concientizar y visibilizar esta problemática.
