Será en dos semanas más mediante un decreto presidencial. Establece la conformación de un listado con información genética de personas penadas por delitos sexuales con el fin verificar casos de reincidencia. Desde el FPV-PJ, además, solicitan la modificación del Código Penal para prohibir la libertad condicional a los culpables.
Tras la violación y el asesinato de Micaela García en Gualeguay, se aceleró la puesta en marcha del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos sexuales. La reglamentación de la Ley 26.879 será publicada en el Boletín Oficial en dos semanas.
El objetivo del banco de datos es “facilitar el esclarecimiento de los hechos que sean objeto de una investigación judicial en materia penal vinculada a delitos contra la integridad sexual”.
El escrito fue elaborado en el Ministerio de Justicia de la Nación. Para concretar su implementación, deberá pasar por la Secretaría Legal y Técnica de Presidencia y, luego de ser revisado, oficializarse por Decreto.
La norma hablita al Estado a almacenar información y material genético de personas penadas por estos crímenes con el fin de compararla en el caso de que se investigue una posible reincidencia del agresor.
Presiones
Tras años de indefinición, existieron en el último tiempo manifestaciones concretas provenientes de Almirante Brown que se anticiparon pidiendo al Gobierno que acelerara la reglamentación de dicho registro.
El antecedente más inmediato, está representado por la tarea legislativa del diputado del FPV-PJ y dirigente browniano, Mariano San Pedro en el Poder Legislativo bonaerense, con la presentación de tres proyectos.
Entre las propuestas presentadas, el bloque exhortó al Ejecutivo a que implemente la Ley sancionada cuatro años atrás.
Además, exigieron la modificación del artículo N° 14 del Código Penal referido a la temática de las libertades condicionales. Con el crimen de Micaela García como antecedente, en el que el juez Carlos Rossi había dejado en libertad al asesino de la joven Sebastian Wagner antes de cumplir su condena, demandaron que “no debería ser concedida a aquellas personas que hayan cometido estos ilícitos ni a reincidentes”.
Con respecto a la Ley provincial N° 13.869 sancionada en 2008, que define la creación de un Banco de Datos Genéticos similar al que se discute pero dependiente de la Suprema Corte de Justicia, la fuerza justicialista realizó un pedido de informe para determinar el estado y los alcances actuales.
En tanto, un grupo de intendentes –entre los que se encuentra el jefe comunal Mariano Cascallares- marcó posición y le exigió al Gobierno nacional la puesta en marcha de la medida “en 90 días” a pocos días de haberse concretado el crimen de Micaela. Las diferentes posturas fueron manifestadas a través de las redes sociales.
