La Corte Suprema hizo lugar a un reclamo presentado por la Defensoría del Pueblo para que Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba informen qué obras de desagüe están efectuando. El objetivo de conocer las causas de la alarmante situación y prevenirla.
El máximo tribunal actuará de mediador en el conflicto que dirimen Buenos Aires, Santa Fe y La Pampa por las inundaciones. Nación y las gobernaciones deberán explicitar qué iniciativas están llevando adelante para evitar que se repitan este escenario.
La disposición se fundamenta en un pedido elevado por la Defensoría del Pueblo Bonaerense, ante la problemática que afecta al desarrollo de pueblos del interior provincial, hace ya varios meses y que requiere acciones de prevención urgentes.
Mediante un comunicado el titular del organismo, Guido Lorenzino, evidenció que “cada lluvia trae inundaciones en distintos puntos de la Provincia y es una preocupación que crece con el tiempo”.
“Es por eso que consideramos de suma importancia que la Corte haya escuchado nuestro reclamo para que se tomen todas las medidas necesarias para que el agua deje de amenazar a las ciudades y a los habitantes”, agregó.
Específicamente, la Corte dispuso que la subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación explique el estado de la ejecución de los trabajos de regulación realizadas sobre la traza del Canal Alternativa Norte; si se ha concluido el estudio integral para la Cuenca de Aportes a la Laguna El Chañar; y si Buenos Aires y Santa Fe continúan con el acuerdo para regular el exceso de agua de La Picasa, lo que permite que no haya desbordes.
