El rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y el reconocido académico en Derecho Civil e integrante del Tribunal de Enjuiciamiento de la Ciudad de Buenos Aires, brindaron una conferencia en la sede de Posgrado de la Facultad de Derecho en el centro porteño.
La exposición, denominada “Consejo de la Magistratura: Su responsabilidad Institucional”, estuvo a cargo del rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) y ex consejero de la Magistratura de la Provincia, Diego Molea; junto al académico en Derecho Civil e integrante del Tribunal de Enjuiciamiento de la Ciudad de Buenos Aires, Guillermo Borda.
Ambos especialistas compartieron su mirada sobre el funcionamiento de estos cuerpos tanto en la Provincia de Buenos Aires como en Capital Federal. Plantearon las modificaciones que consideran pertinentes para que estos organismos mejoren su desempeño.
El primero en tomar la palabra fue Molea, quien analizó el Consejo de la Magistratura bonaerense con el foco puesto en cinco ejes centrales: integración, mecanismo de selección, escuela judicial obligatoria, potestades disciplinarias y administración del presupuesto.
En cuanto a la conformación, consideró que “entre sus 18 miembros existe un equilibrio que no debiera modificarse”, aunque abogó por la incorporación de la figura del “académico cuya mirada significaría un gran aporte”.
Luego fue muy crítico respecto del proceso de selección, al sostener que “el sistema es muy engorroso, tiene fallas y es discrecional en la elaboración de las ternas”.
“Se toma un mismo examen para ocupar un cargo en Lomas de Zamora o en Trenque Lauquen y no se tiene en cuenta que la realidad y la criminalidad en distintas regiones de la Provincia es muy dispar. Entonces nos encontramos con que quienes aprueban los exámenes no son los más aptos para ocupar los cargos”, señaló.
Indicó además que “no se le da prioridad a quienes obtuvieron mejores resultados en los exámenes para elaborar las ternas”. “Vale lo mimo quien obtuvo 120 puntos que quien alcanzó el máximo de 200 en la calificación; y ahí se ven las arbitrariedades”, señaló.
En ese contexto, Molea planteó la necesidad de incorporar la escuela judicial obligatoria para la formación de los aspirantes a la Magistratura y el Ministerio Público, que hoy es voluntaria.
Luego, con relación a la función disciplinaria que hoy no posee el Consejo de Provincia, sostuvo que se “debería conformar una Comisión en el organismo para contar con un mecanismo más ágil que el actual”, que está a cargo del Senado provincial.
Al abordar la administración del presupuesto, opinó que “es necesario que el Poder Judicial” realice esa tarea “con autarquía” y no que la misma recaiga en el gobierno de la Provincia. “Está claro que el actual sistema no está funcionando y lo vemos, por ejemplo, con los problemas que tenemos con las paritarias judiciales”, aseguró.
Con relación al Consejo de la Magistratura Nacional, Molea rechazó su actual composición de 13 miembros, porque opinó que “le cuesta funcionar y requiere de mayor equilibrio”. Criticó su funcionamiento en bloques al considerar que “lo partidizan”.
Entre los aspectos positivos, valoró su sistema de examen al considerar que “no es discrecional como el de Provincia”, y las facultades disciplinarias que posee.
A su turno, Borda recordó el espíritu dado por el constituyente a la creación del Consejo de la Magistratura de la Nación con la reforma de la Constitución de 1994. “Era una forma de terminar con las designaciones a dedo de magistrados cercanos al poder y la manera de darle igualdad de posibilidad a los abogados para acceder a cargos en el Poder Judicial”, sostuvo.
También, recalcó que se trataba de “un medio eficiente para juzgar los casos de mal desempeño”.
En consonancia con su antecesor, Borda consideró que ese modelo vio trastocado sus objetivos con la sanción de la ley 26.080 “que redujo a 13 el número de miembros del Consejo”. Opinó que esa acción “ocasionó que los políticos tuvieran fuerte injerencia en la designación y la sanción de los jueces”.
“Los vínculos políticos les dan protección a jueces que no pueden justificar su patrimonio y viven una vida licenciosa. Cuando esos vínculos terminan, hemos visto como muchos renuncian a sus cargos y acceden a los beneficios jubilatorios”, repudió.
El académico afirmó: “Hoy estamos ante un Consejo de la Magistratura poco ágil e ineficiente”, y en esa línea hizo hincapié en la “lentitud y burocracia de los concursos”.
Y agregó: “En 2016, el Consejo envió sólo 36 ternas y las vacantes superaban las 250, el 25 por ciento de los cargos en los distintos fueros nacionales y federales. Es un verdadero despropósito la cantidad de jueces subrogantes que están en funciones”.
Para finalizar, hizo un llamado a “retornar pronto al modelo instaurado en 1994”, al cual elogió.
La charla culminó con un espacio destinado a las consultas del auditorio, conformado por un centenar de abogados, miembros del Poder Judicial, y autoridades universitarias, entre las que se encontraba la decana de la Facultad anfitriona, María Fernanda Vázquez.
