Fue una de las conclusiones principales de la última audiencia pública. El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) aumentará los controles de cara al 2017. El presidente de Compromiso Ciudadano, Mario Fuentes, calificó de pésimo el suministro y exigió la ejecución de sanciones.
Luego de la última audiencia pública sobre el nuevo cuadro tarifario de la luz, las empresas distribuidoras de electricidad se verán obligadas a pagar multas por el incumplimiento de su servicio o la interrupción del suministro. Es que, con los aumentos, contarán con más fondos para realizar mejoras.
“Habrá un régimen en el cual si las empresas no cumplen el sendero de mejora de calidad, van a ser sancionadas y el usuario verá el efecto de esas multas en un descuento de su factura”, expresaron desde el Gobierno nacional.
El objetivo es “empezar el próximo año con un régimen tarifario de equilibrio y multas que sean incentivos reales”, según indicaron. Durante la última audiencia, los empresarios habían planteado subas de entre el 50 y el 80 por ciento.
Por su parte, Edenor se comprometió a invertir 25.000 millones de pesos en el próximo lustro, mientras que Edesur destinará 14.000 con el fin de mejorar su red si se cumplen sus expectativas en relación a las tarifas.
El incremento de los controles del ENRE es consecuencia del reclamo generalizado de las asociaciones de consumidores, intendentes y particulares, que participaron de la instancia de debate.
En tanto, en diciembre se llevará a cabo una segunda audiencia de alcance nacional, en donde se definirá si las empresas prestadoras seguirán recibiendo los subsidios a la generación o el Estado replegará su intervención.
El reclamo de Brown
La ONG Compromiso Ciudadano fue una de las 106 asociaciones civiles que reclamaron el freno a las acentuaciones de la prestación. En su discurso el titular de la entidad, Mario Fuentes, criticó sin tapujos el funcionamiento del servicio.
“Hace mucho tiempo que venimos reclamando por las fallas cada vez más reiteradas en cantidad y en extensión, que se producen en el servicio que brinda la empresa EDESUR. El primer reclamo formal lo hicimos en 2008. Desde ese momento intentamos por las múltiples vías de manera constructiva, civilizada e institucional, siempre acompañando el reclamo de los vecinos de Almirante Brown”, recordó.
En cuanto a la aplicación de sanciones, demandó que el ENRE se afiance, recupere su carácter de órgano de control y que lleve a cabo las acciones que le confiere la Constitución Nacional en su artículo 42.
“Se deben garantizar las inversiones que se vienen prometiendo desde hace 20 años; penalizar las interrupciones, llevar a cabo un sistema de comunicación eficiente rápido y recíproco entre el usuario y la empresa; realizar los resarcimientos correspondientes; y que el Ente permita que esta Audiencia Pública y lo que venga de ahora en más, sea un acto de justicia y no un atropello a todos los ciudadanos. Y por último, como sucede en todos los contratos, si no se cumple con lo prometido, rescindir el vínculo”, concluyó.
