Una ONG acusó al magistrado de “incompetencia y negligencia en el ejercicio de sus funciones e incumplimiento de los deberes inherentes al cargo". ¿Cómo sigue el proceso judicial?
La ONG “Usina de Justicia” solicitó el juicio político del juez de la Cámara de Casación Penal Víctor Violini. El magistrado hizo lugar a un habeas corpus colectivo, que permitió arrestos domiciliarios de presos bonaerenses en el marco del Coronavirus. La presentación fue realizada ante el Jurado de Enjuiciamiento.
“Violini ha lesionado un adecuado servicio de justicia al 'saltar' por sobre las competencias de los jueces naturales, vulnerando también el principio constitucional de debido proceso legal, con clara y directa afectación del sistema republicano de gobierno", reza el texto.
También remarca que "la acción de habeas corpus colectivo no fue iniciada ante el juez de primera instancia en turno con competencia en la materia, sino directamente ante la Cámara de Casación Penal".
En el escrito, afirman que “el temerario obrar del juez Violini es una causal que amerita su remoción”. Asimismo, remarcan que “su decisión no se basó en el derecho procesal penal vigente, sino que fue un acto de arbitrariedad manifiesta, en un notorio apartamiento de la letra expresa de la ley”.
“La circunstancia de emergencia sanitaria producida por el Covid-19 ni la situación carcelaria producto de la sobrepoblación carcelaria, justifican una alteración total del orden constitucional y legal”, sostiene la presentación. La misma lleva las firmas del abogado de la entidad, Fernando Soto; y de su presidenta, Diana Cohen Agrest.
El 17 de abril, Violini hizo lugar a un habeas corpus colectivo presentado por los 19 Defensores Generales de la provincia. Allí, solicitaban que se les otorguen prisiones domiciliarias a presos en peligro de contraer Coronavirus.
En ese fallo, el juez dijo quiénes podían acceder al beneficio. Era para mayores de 65 años, mujeres embarazadas, detenidos con enfermedades preexistentes y que estén involucrados en delitos leves. Pero no se especifico a qué delitos hacía referencia.
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A raíz de este fallo, Pedro Olmos -detenido en 2019 por abusar sexualmente de su vecina de 13 años- pudo salir de la dependencia policial en la que estaba alojado. Desde el 4 de abril cumplía la prisión domiciliaria a metros de su víctima, atemorizando al barrio. Finalmente, volvió a estar tras las rejas, luego de las amenazas recibidas por vecinos indignados. Un intento de linchamiento hizo que solicitara su vuelva a la comisaría.
A partir de numerosos reclamos, cacerolazos y el pedido de la Fiscalía, la Suprema Corte revocó en forma parcial el hábeas corpus colectivo. Dispuso que esos beneficios “deben ser analizados caso por caso”, bajo una serie de parámetros que fijó en su fallo.
