Marta Pascual, titular de un juzgado en Lomas de Zamora, tomó una medida que alcanza a toda la provincia de Buenos Aires y que abrió un nuevo capítulo en la discusión por el régimen penal para adolescentes. En los '90 fue funcionaria en el municipio de Almirante Brown. Los detalles en la nota.
La magistrada, vecina de Almirante Brown, ordenó suspender de manera preventiva durante 60 días la aplicación en la provincia de Buenos Aires del nuevo Régimen Penal Juvenil, que establece en 14 años la edad mínima de imputabilidad. Marta Pascual hizo lugar a un hábeas corpus preventivo y colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en representación de adolescentes privados de libertad.
Alcanza a la implementación bonaerense de la Ley 27.801, que había entrado en vigencia a nivel nacional el 5 de septiembre y fue reglamentada por el Gobierno este lunes. La normativa reemplazó el régimen penal juvenil vigente desde 1980 y redujo de 16 a 14 años la edad mínima de imputabilidad.
En los fundamentos del fallo, Pascual cuestionó si la Provincia cuenta con “las condiciones edilicias, institucionales y profesionales indispensables para albergar a esta población bajo los estándares que exigen los derechos humanos de la niñez”.
La jueza sostuvo además que la reforma provocará “un aumento considerable en la cantidad de personas menores de edad detenidas”, tanto por los nuevos ingresos como por una mayor permanencia en los centros de detención. A su vez, advirtió que el hacinamiento “inevitablemente incrementa los niveles de inseguridad y violencia” dentro de los propios establecimientos.
Como parte de la medida, convocó a una audiencia para el próximo 16 de septiembre a las 10 hs. Allí deberán presentarse funcionarios del Poder Ejecutivo provincial responsables de la implementación de la norma para explicar qué medidas adoptaron, cuáles proyectan y en qué plazos.
Las declaraciones que Pascual realizó en 2023 sobre el tratamiento penal de los adolescentes vuelven a quedar bajo la lupa. En aquel momento, durante una charla frente a estudiantes de la Universidad de Lanús, explicó cómo había evolucionado su mirada sobre las condenas a jóvenes.
Para ejemplificarlo, relató una experiencia que la había marcado durante su carrera judicial. Un adolescente de Almirante Brown había abusado sexualmente de su hija recién nacida, quien murió como consecuencia de la agresión. La magistrada formó parte del tribunal que le impuso una pena de 25 años de prisión, resolución que luego fue analizada y ratificada por tribunales superiores.
Años después, la jueza aseguró que, si tuviera que resolver nuevamente aquel expediente, actuaría de otra manera. “Yo hoy no se lo daría”, afirmó, y sostuvo que incluso frente a hechos de extrema gravedad no considera que corresponda aplicar ese tipo de penas a los jóvenes. “Yo creo que no se puede dar a los jóvenes, aun ante el delito más aberrante, esa pena”, analizó.
Cuenta con más de tres décadas de trabajo en áreas vinculadas con niños y adolescentes. Antes de llegar al ámbito judicial, la actual magistrada ocupó distintos puestos tanto en Almirante Brown como en la administración bonaerense.
En el distrito, fue secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Almirante Brown durante la gestión de Jorge Villaverde. Su recorrido continuó en la Provincia, donde entre 1991 y 1999 desempeñó diferentes funciones durante el gobierno de Eduardo Duhalde.
Su experiencia estuvo especialmente ligada al área social. Primero tuvo responsabilidades dentro del Consejo Provincial del Menor y la Familia y luego en el Consejo Provincial de la Familia y Desarrollo Humano. Hacia el final de aquella etapa fue designada ministra de Desarrollo Humano.
Posteriormente pasó al fuero de Responsabilidad Juvenil, donde actualmente se desempeña como titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Lomas de Zamora.
A su actividad en la Justicia se suma su labor académica ya que es docente y titular de cátedra de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.
