El máximo tribunal será el encargado de convalidar o rechazar los incrementos dispuestos por el Ministerio de Energía de la Nación. Mientras los consumidores advierten que no hubo audiencias públicas, desde el Gobierno justifican el alza por la “ley de emergencia económica”.
Este jueves la Corte Suprema de Justicia daría a conocer su decisión final. La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, coincidió con el fallo de la Cámara platense, que había invalidado las acentuaciones. Si bien este dictamen no es vinculante, constituye el paso técnico previo al veredicto.
El 7 de julio la Sala II definió como “nulas” las resoluciones 28 y 31 del Ministerio de Energía y Minería, que establecieron la actualización y exigió “retrotraer” la situación tarifaria al 31 marzo. A los pocos días, la administración nacional reclamó a la Cámara que resuelva a su favor con efecto suspensivo hasta tanto falle la Corte.
La procuradora consideró que se “impuso un aumento significativo que impacta, de manera inmediata e irreversible, en el acceso a un servicio básico y en la planificación de gastos familiares y costos empresariales”.
En sintonía con lo planteado por las asociaciones que protegen a los consumidores, bregó por la concreción de audiencias públicas, debido a que “favorecen la democratización de las decisiones, la formación de consensos, la transparencia y la publicidad de los actos y los procedimientos, lo que en definitiva, fomenta el control social”.
Por su parte, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, señaló que el Gobierno espera el fallo de la Corte “para poder fijar reglas claras” y afirmó que “es central que la corte suprema se pronuncie sobre los aumentos de tarifas”.
En la actualidad, la Corte está integrada por cuatro miembros: Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti. En caso de empate, el quinto integrante, Carlos Rosenkrantz recién jurará el lunes, así que habría que esperarlo para resolver la coyuntura.
Defensa en el Congreso
El ministro de Energía, Juan José Aranguren fue interpelado en la Cámara Baja, en un plenario de comisiones, por la decisión de aplicar fuertes adiciones en las facturas de luz y gas.
Destacó la facultad del Ejecutivo de fijar los valores mayoristas de estos servicios sin necesidad de audiencias y justificó la medida en la “ley de emergencia económica".
"Con el modelo que veníamos, tuvimos que importar un 25 por ciento del gas en invierno. Somos dependientes de la energía externa. Creo que deberíamos plantear que podemos hacer para que haya inversiones", se justificó.
Por último, el funcionario aclaró: “Estamos a la espera de una decisión de un recurso extraordinario que presentamos frente a un fallo que consideramos no conforme a derecho".
Sin audiencias públicas
Desde el ministerio de Justicia y el de Energía de la Nación habían adelantado que se realizarían de forma “informativa y participativa”, para estudiar los aumentos en el servicio. Finalmente, dos días después fueron dejadas sin efecto, debido a que "no podrían cumplir con los plazos previstos". Habían sido citadas para octubre, pero el máximo tribunal se expediría en los últimos días de agosto sobre la cuestión de fondo.
Tras conocida la novedad, desde las Asociaciones de Defensa al Consumidor remarcaron que “las consultas se debían realizar antes de aplicar las subas indiscriminadas”. “Hay que discutir qué es lo que se está pagando y cuál es el precio real”, infirió el presidente de Consumidores Argentinos, Sergio Procelli.
Recursos de amparos
Ante el descontento ciudadano, hubo presentaciones de usuarios particulares, fábricas, comercios, clubes de barrio, centros culturales, entidades de bien público y hasta municipios.
En el caso de Almirante Brown, la ONG Compromiso Ciudadano elaboró un amparo que fue elevado al juzgado civil y comercial de los tribunales de Lomas de Zamora. La acción contó con el respaldo del intendente Mariano Cascallares y fue suscripta por más de 50 instituciones de las 12 localidades de Almirante Brown.
Demanda que se suspendan los efectos de las resoluciones, que se exija a Edesur S.A. liquidar las facturas emitidas, y se apliquen los valores vigentes con anterioridad a las normativas referidas.
