Las federaciones que los agrupan exigen que se reglamente la Ley de Financiamiento, sancionada en 2015, que destinaría el 3% de lo que recaude la Provincia por el impuesto inmobiliario para los cuarteles.
A un año y medio de la sanción de la normativa, el personal que integra los 250 establecimientos bonaerenses continúa esperando los casi 250 millones que recibirían para optimizar sus condiciones de trabajo.
Las cuatro entidades que representan a los voluntarios en la provincia manifestaron su preocupación porque aún no fueron citadas para discutir la aplicación de la Ley de Financiamiento, sancionada en agosto de 2015.
La normativa fue aprobada por unanimidad en las Cámaras de Senadores y de Diputados; para reconocer la labor de los más de 15.000 bomberos que trabajan en cuarteles de todo el territorio provincial.
Tiene como fin dotarlos “de una fuente de financiamiento genuina que garantice su sostenimiento, asegure la excelencia de su capacidad operativa, resguardando su adecuación a las nuevas exigencias tecnológicas, permita la incorporación de materiales y la capacitación constante del recurso humano”.
Para su puesta en vigencia se utilizaría al 3 por ciento de lo obtenido en concepto de impuesto inmobiliario por la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA).
Los recursos se consignarían para gastos operativos, mejoras edilicias, adquisición de equipamiento, uniformes y elementos de protección personal.
