El máximo tribunal pidió documentación al Gobierno y a estancias judiciales para determinar el estado de las causas vinculadas a los aumentos en los servicios públicos. Resolvería la cuestión de fondo en agosto.
La Corte Suprema de Justicia intervino en la polémica por la suba de las tarifas dispuesto por el Gobierno nacional. Si bien aún no tiene un expediente bajo su órbita, en uso de sus atribuciones dispuso una serie de medidas para obtener información sobre la problemática.
Requirió al Estado nacional un informe detallado sobre cómo ha sido la evolución de las tarifas de gas y el impacto registrado en la prestación del servicio. El documento, que lleva la firma de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, fijó un plazo de diez días para dar cumplimiento a los informes.
El Ente Regulador del Gas (ENARGAS) deberá explicar los parámetros que utilizó para establecer los aumentos y la relación de esas medidas con las pautas definidas en los contratos de concesión.
Deberá corroborar “la existencia o inexistencia de la ponderación de los principios de gradualidad y progresividad para la determinación de los cuadros” y los criterios que se utilizaron para fijar la tarifa social.
Asimismo, el máximo tribunal solicitó que los juzgados y las cámaras de Mendoza y La Plata, que tienen casos vinculados con el aumento en los servicios, informen en qué estado se encuentran los trámites.
Es que el gobierno nacional aún no apeló las sentencias que le pusieron un freno a los aumentos. Una vez que el Estado presente el recurso extraordinario, la Corte podrá expedirse. Esto podría demorarse hasta agosto, luego de la feria judicial.
