El Gobierno nacional retocó los límites del aumento al gas y apeló la orden de la Cámara Federal de La Plata, que había dejado sin efecto los incrementos en todo el país. En el plano provincial, la suspensión de la suba a las tarifas de luz estará vigente por tres meses. “Los anuncios no solucionan el problema de fondo”, indicó en diálogo con De Brown el diputado del FPV Mariano San Pedro. Concejales de Cambiemos respaldaron la medida, pero con matices.
El techo de 400% de aumento para usuarios residenciales y de 500% para comerciantes, fueron las nuevas cifras que fijó el Gobierno nacional, luego de que la Justicia Federal dictaminara un freno al incremento de tarifas y dejara sin efecto las Resoluciones 28 y 31, emitidas por el Ministerio de Energía y Minería de la Nación donde la suba en las facturas ascendía hasta un 1500 %.
El diputado provincial Mariano San Pedro advirtió que “los anuncios no solucionan el problema”, ya que hay sectores que “realmente no pueden pagar porque se ven comprometidas sus necesidades básicas”. “No hemos visto ni una sola politica para los sectores pymes o para los trabajadores”, expresó el legislador que junto a su bloque emitió un recurso de amparo que fue avalado por la Cámara Federal de La Plata.
En Almirante Brown, fue la ONG Compromiso Ciudadano quien presentó un amparo colectivo en defensa de las instituciones y usuarios particulares. La entidad presidida por Mario Fuentes, contó con el respaldo del gobierno municipal de Mariano Cascallares y suscribieron clubes, centros de jubilados, hogares de niños y vecinos.
“Así como esta planteado no sólo es un error sino que demuestra un desconocimiento de la situacion de nuestra gente. Vemos con preocupación que este gobierno no conoce la realidad de los argentinos”, reflexionó San Pedro.
“Tal vez no sea la solución anhelada la fijación de estos valores, pero sabemos que es un tema muy sensible para toda la comunidad. El aumento es necesario, es un paliativo hasta tanto podamos resolver la situación de emergencia energética”, planteó Miriam Niveyro, titular del bloque de Cambiemos en el Concejo Deliberante local.
En este sentido, el concejal del radicalismo Sergio Guerriere insistió en que “hay que buscar un cuadro tarifario real y tener en claro que un servicio público sirve para mejorar la calidad de vida y debe estar a la altura de las circunstancias para que todos los vecinos puedan acceder”.
Por su parte, la presidenta del bloque del Frente Renovador, Natalia Ibarra consideró que la reformulación de los topes “es sideral en relación a que ninguna paritaria se cierra en un monto de esa índole”. “La realidad es que con la inflación y los ‘tarifazos’ se hace imposible mantener el bolsillo”, remarcó.
Respecto a los próximos pasos que dará esta semana, el Gobierno ratificó que irá en contra del amparo colectivo con un recurso extraordinario y se prevé que el pedido llegue a la Corte Suprema. Dentro de esta línea, Niveyro remarcó que si bien la Justicia debe amparar al ciudadano, “si no se mejora esta situación, a la brevedad no habrá más gas ni energía”.
En contraposición, San Pedro señaló que "más allá de las falencias en materia energética, no se puede solucionar el problema de golpe y a costa de amplios sectores de la sociedad". "Todos queremos que el pais ande bien. Lo que advertimos es que con este tipo de decisiones vamos a empeorar" sentenció.
Ibarra resaltó que “es el Estado nacional es quien debe garantizar la provisión del suministro y no cargar esa responsabilidad sobre el usuario consumidor”; y subrayó la importancia de desarrollar audiencias públicas para la readecuación de las tarifas con la acción conjunta de todos los actores involucrados.
La primera se llevará a cabo en octubre, según se informó oficialmente. Sin embargo, los funcionarios nacionales adelantaron que será para establecer pautas de cara al 2017 y no para rever la situación actual. Tal como lo establece el fallo del tribunal platense "no se ha cumplido con el procedimiento de llamar, conforme a la Constitución Nacional, a la audiencia pública" y esa será una discusión central para las acciones que pueda tomar la Corte Suprema.
