El máximo tribunal dejó sin efecto la medida cautelar de la Cámara de La Plata que impedía los aumentos. Gils Carbó había dictaminado a favor de frenar las subas. El recurso estaba vigente por tres meses en el territorio bonaerense.
La Corte Suprema avaló el aumento de tarifas para la energía eléctrica en la provincia de Buenos Aires. Le dio tiempo al Gobierno nacional para convocar a una audiencia, tal como se hará el 16 de septiembre por la suba del gas.
En un fallo unánime, dejó sin efecto la medida cautelar de la Sala II de la cámara de La Plata, la cual impedía a las empresas prestatarias del servicio cobrar con aumentos.
Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, dictaminaron que la causa vuelva al juzgado platense del juez Luis Arias por considerar que “existieron fallas procesales”.
La cautelar hacía lugar al pedido de los diputados bonaerenses del Frente para la Victoria, la Defensoría del Pueblo provincial, el Partido Justicialista y el Club Social y Deportivo “12 de octubre”.
Los magistrados consideraron que los denunciantes “carecen de legitimación para actuar en representación del colectivo conformado por todos los usuarios del servicio de energía eléctrica” en el ámbito de la provincia.
En relación a la acción del Club Social y Deportivo “12 de Octubre”, que adhirió a la demanda, si bien no invoca ser representante de todos los usuarios bonaerenses, y por lo tanto no los puede representar, la Corte resolvió que se reenvíen las actuaciones al juez de primera instancia para que verifique si la entidad “representa a alguna categoría de clubes de barrio o de pueblo”.
Antes de conocido el fallo de la Corte, la Procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, dictaminó en contra del aumento, aunque no era vinculante. Asimismo, señaló que el Gobierno tendría que haber convocado a audiencias públicas previas.
Para justificar la vigencia de las medidas provisorias, cuyo tratamiento por parte de la Corte es excepcional, Carbó había destacado que el plazo por que fueron dictadas era por tres meses y vencería en octubre.
Las resoluciones cuestionadas fueron dictadas por el ministro de Energía, Juan José Aranguren, el 25 y 27 de enero de este año. Son las que disponían un fuerte incremento de la tarifa de energía eléctrica a partir del 1 de febrero. De acuerdo con los demandantes, incluían aumentos de más de 500%.
