Buzos tácticos realizan rastrillajes a unos metros de la vivienda de Longchamps, donde hallaron el cuerpo de Marcela Coronel. Intentan encontrar también su celular y los peritos ya se comunicaron con la compañía que le brindaba servicio. El dato de una de indemnización de 15 mil dólares que debía cobrar la fallecida, podría ser una nueva pista.
Continúan las investigaciones por el crimen de Marcela Coronel, la enfermera de 33 años que fue asesinada el lunes en Longchamps. Buzos tácticos intentan encontrar el arma homicida en las zanjas aledañas a la vivienda.
Se trata de un hacha pequeña que es propiedad del marido de la víctima, Gabriel Guevara. En su declaración, Guevara le había explicado a la Policía que había utilizado este utencillo cuando trabajó el fin de semana en el techo, pero que desapareció luego del asesinato.
Si bien los peritos explicaron que la herramienta, al estar a la intemperie y en contacto con el agua, ya no contendrá huellas o datos de ADN del agresor, podría servir como pista para dar con el asesino.
Otro de los elementos que esperan hallar es el celular de Coronel. Según los informes de la compañía telefónica, el aparato no pudo ser ubicado. A raíz de esto, se presume que estaría apagado o que habría sido destrozado para evitar ser geolocalizado.
Además, la Justicia espera los informes de la empresa para conocer cuáles fueron las últimas comunicaciones y ubicaciones.
Por otro lado, continúa secuestrado el teléfono de Guevara. Los últimos datos aportados por la empresa constarían que el hombre habría ido a trabajar ese día a Capital.
La Justicia maneja por el momento tres hipótesis. Una es la del femicidio, cuyo autor sería su marido. En las últimas horas, a través de amigas y compañeros de trabajo, transcendió que su relación era “complicada” y que ella había pensado en abandonarlo.
Por otro lado, está la teoría de la “venganza narco”. Guevara señaló que había sido amenazado por no dejar que se comercializara droga en el lugar donde es empleado de seguridad. Asimismo, detalló que el día del crimen alguien le había pinchado las ruedas de la motocicleta con la que había ido a su trabajo.
La última hipótesis es la de móvil económico. La pareja de la enfermera advirtió que pudo haberse tratado de una “entradera”. En esta línea, se conoció hace poco que Marcela debía cobrar una indemnización de 15 mil dólares. A su vez, en la vivienda, habrían hallado varios cajones abiertos, un posible indicio de que el homicida buscaba dinero. Aunque no descartan que pudo montarse la escena para desviar la atención.
La investigación está en manos del juez Gabriel Vitale, titular del Juzgado de Garantías N°8 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.
Anteriormente, este tribunal trató casos resonantes en la Región que tuvieron a mujeres como víctimas. Tal es el caso de Érica Soriano, una joven embarazada de tres meses que desapareció cuando partió desde Lanús rumbo a visitar a su familia en zona norte.
No se supo nada más de ella desde agosto de 2010 y su cuerpo nunca apareció. Su pareja fue el principal acusado, aunque nunca se pudo comprobar qué sucedió con ella.
Este juzgado intervino además en el caso de Fatima Catán, un femicidio ocurrido en Villa Fiorito también en 2010. La joven estaba embarazada. En medio de una discusión con su pareja, Martín Santillán, él la prendió fuego. Tres días después falleció, producto de las graves heridas que presentaba en las vías respiratorias y en la piel.
