Las sanciones se aplicarán cuando no se lleven a cabo procedimientos que acrediten la situación de vulnerabilidad de los usuarios. Las compañías deberán garantizar el derecho a escucharlos, previo al bloqueo de suministro.
El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, volvió a insistir sobre la medida cautelar que prohíbe a las prestatarias suspender el servicio por falta de pago. Además, advirtió que habrá multas de entre mil y 100 mil pesos por cada “corte ilegítimo”.
La sanción se concretará en el caso de que las empresas no acrediten la situación de vulnerabilidad de los usuarios; o no les brinden un espacio de escucha previo a la interrupción del suministro.
El magistrado habilitó un procedimiento administrativo para que los consumidores puedan expresarse. La iniciativa tiene el objetivo de que logren dejar asentados los orígenes de la falta de pago y no sufran cortes.
También aclaró que este nuevo proceso no está dirigido a ciudadanos que sí pueden abonar las cuotas. Sólo alcanzará a personas que deban resignar otros pagos o derechos básicos para solventar el gas.
“Los ciudadanos más vulnerables que se encuentren económicamente imposibilitados de abonar el nuevo cuadro tarifario que ha sido impugnado judicialmente, deben ser protegidos por el Estado”, sostiene el fallo.
La iniciativa surgió a raíz de un recurso de amparo que había presentado la Asociación de Consumidores Argentinos. Con ese documento como base, la Justicia de Dolores emitió una medida cautelar que prohibió las interrupciones.
Esa primera resolución, que tenía una vigencia de 90 días, tenía como objetivo “garantizar el acceso a este servicio público; y proteger a los sectores más vulnerables que se pudieron haber visto afectados por el posible actuar ilegítimo del Estado”.
No obstante, el nuevo esquema de multas para las empresas se hizo efectivo tras el veto de Mauricio Macri a la Ley que retrotraía las tarifas a noviembre de 2017.
