La institución browniana marchó a la Quinta Presidencial de Olivos. Exige un aumento de los aranceles y el pago de los meses adeudados. “La situación es crítica”, resaltaron desde el centro terapéutico.
*Imágenes: Hugo Ortiz
Los establecimientos que asisten a personas en situación de calle y chicos con discapacidad transitan un complicado presente económico. El retraso en el abono de los aranceles correspondientes y la falta de aumentos, ha sido sus principales problemas en los últimos años.
A nivel local, el pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole es uno de los lugares afectados. Marchó el pasado jueves, junto a otros hogares y centros, a la Quinta Presidencial de Olivos para rechazar “el ajuste en discapacidad”.
Según informaron desde la institución browniana, los montos que reciben por su servicio no se adecuan a la suba de precios. Detallaron que recibieron en diciembre del año pasado un incremento del 22%, con retroactivo sólo a noviembre, cuando la inflación fue del 47,6%.
“La situación es bastante crítica desde lo económico porque nosotros tenemos empleados trabajando que están bajo el gremio de sanidad. Arreglan paritarias y hay que pagarles el sueldo y los aumentos que le corresponden. Es lo justo, pero si no te acompañan con el aumento de aranceles, se te hace muy insostenible”, explicó Fernando Montero, coordinador técnico del Servicio Asistencial del Cottolengo, en diálogo con www.deBrown.com.ar.
Otro de los conflictos que golpea el sector es el retraso de los pagos del Programa Incluir salud. Adeudan alrededor de entre cuatro y seis meses. El último que el centro terapéutico de Claypole recibió fue hace unos días y correspondía a enero.
“Solicitan un aumento de los aranceles de emergencia. No hay aún número exacto. Debería ser del 40% mínimamente. Ahora desde la Agencia, no lo hicieron formalmente en el Boletín Oficial, pero se está hablando de un aumento del 13%, que puede ayudar”, agregó.
El problema que existe también con los encargados de trasladar a los pacientes tampoco es menor. Reclaman por la no provincialización del servicio para los beneficiarios de Incluir Salud, ya que hará que los conductores cobren un monto menor, en comparación a otras obras sociales. A esto se suma además al atraso de los pagos.
“Hoy los transportistas no está trabajando con este programa. Muchos beneficiarios no están pudiendo acudir a sus terapias o centros de día o terapéuticos porque no tiene como ir”, apuntó a este medio.
La situación es poco alentadora para las instituciones que trabajan con personas con discapacidad. Principalmente, porque deben adecuarse a ciertas normas.
“No podés ajustarte mucho en lo que es el servicio porque está regulado. Te piden cierta cantidad de profesionales y de empleados por residentes que atendés. No podés reducir personal sino no podés prestar el servicio”, agregó.
