Los candidatos a diputados nacionales por el FR, Sergio Massa y Darío Giustozzi, lanzaron sus iniciativas sobre seguridad y justicia. A nivel nacional, proponen aumentar las penas vinculadas al tráfico y comercialización de estupefacientes; establecer la imprescriptibilidad a los delitos de secuestro y violación que terminen en muerte; y subir las penas vinculadas al abuso sexual agravado por el vinculo.
En conferencia de prensa, los principales candidatos a diputados nacionales por el Frente Renovador (FR), Sergio Massa y Darío Giustozzi, expusieron los proyectos de ley del bloque para mejorar la seguridad de la comunidad y evitar la impunidad en la justicia. “Venimos con propuestas concretas que son fundamentales para cambiar la vida de la gente”, expresó el intendente de Tigre.
“Los vecinos nos piden que hagamos algo por la seguridad, por eso no vamos a esperar al 10 de diciembre sino que ya estamos trabajando en los problemas reales de la comunidad para lograr avances”, agregó.
Por su parte, Giustozzi destacó la importancia de que todos los ciudadanos estén seguros para llevar a cabo sus quehaceres diarios y sostuvo: “Queremos que no sientan más que los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra. Nuestra principal vocación es proteger la seguridad y la libertad de circulación de las personas y hoy parece que son los delincuentes los únicos que pueden hacerlo sin problemas por las calles”.
Además, enfatizó que “no se pueden seguir escondiendo los problemas de la gente” y explicó que “se resuelven con políticas concretas y con equipos de profesionales, con responsabilidad y compromiso con la comunidad”. “Esto es lo que nosotros proponemos y lo estamos haciendo”, agregó el segundo candidato a diputado nacional.
Los proyectos de ley del Frente Renovador, a nivel nacional, proponen tres cambios en el Código Penal:
A nivel provincial las iniciativas aspiran al cambio a través de cuatro proyectos:
Esto obligará a todos los municipios a organizar y extender un sistema de vigilancia electrónica, coordinada con la Policía Distrital, para prevenir delitos. Los recursos para realizarlo serían proporcionados por la Lotería de la Provincia de Buenos Aires, Arba, el Grupo Bapro y el Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires.
Tendrá el objetivo de desplegar un servicio de prevención más eficiente, transparente y próximo a la gente. Para esto fijarían una cámara de vigilancia cada 1000 habitantes, controladas desde un Centro Operativo para monitorear las imágenes y alertar a las fuerzas de seguridad o emergencias ante cualquier situación. Deberá contar con un sistema de grabación para que sirvan como pruebas ante la Justicia, y sería financiado por el Banco de la Provincia mediante créditos.
Buscará acelerar los tiempos procesales, mejorar su eficacia y facilitar el acceso de la gente a la Justicia. Este proyecto no incrementaría el gasto en personal del presupuesto judicial, ya que todos estos cargos existen actualmente. Se dispondría de una unidad fiscal de instrucción en cada municipio, a la cual se sumaría una cada 50 mil habitantes. También sería obligatorio que todos los municipios tengan una Unidad Fiscal Especial de Instrucción en materia de “Estupefacientes” y otra en materia de “Violencia Familiar”, además de un Juzgado de Garantías cada 200 mil habitantes.
Es en pos evitar esta falencia conocida popularmente como “la puerta giratoria”, donde los delincuentes ingresan por na puerta y salen por la otra ante la ausencia de pruebas concretas o de personal apto para hacerlos cumplir su pena. Para esto, el Frente Renovador propone modificaciones del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires con el fin de:
-Establecer una entrevista de la víctima con el juez: Reformar la ley de ejecución penal de modo de establecer que el Magistrado debe escuchar a la víctima en una audiencia privada.
- Regular la libertad fiscal: El Fiscal, previo a dar la ‘libertad fiscal’ debería certificar antecedentes del imputado y recibir la declaración del imputado.
-Generar el recurso del particular damnificado: Habilitaría a la victima a apelar las resoluciones, en caso de que se le conceda al imputado cualquiera de las libertades de la ley de ejecución penal.
