La disminución es del 36% y se debe a la aplicación de la Ley de Protección Integral, que promueve el pleno ejercicio de sus derechos. A partir de ella, el Estado otorga los recursos necesarios a las familias para que puedan brindar condiciones dignas a sus hijos.
El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación informó que entre el 2011 y el 2014 se produjo un descenso del 36 por ciento de los pequeños internados en hogares. Hace cinco años eran 14.417, pero en 2014 se registraron 9.219.
La Ley de Protección Integral excluyó los motivos sociales para definir si un menor debe ser trasladado a un hogar sustituto. Ahora, se decreta para casos extremos, como cuando hay violencia familiar.
En ese sentido, se estima que cuatro de cada diez niños que viven en hogares o en instituciones públicas de la Provincia ingresaron por maltrato infantil, especialmente por abusos sexuales y golpizas por parte de padres y familiares.
Históricamente, la pobreza o la escasez de recursos materiales fueron consideradas como situaciones de desprotección, por lo cual los asistentes sociales procedían a alejar a los chicos de sus progenitores. Pero, con la aprobación de esta normativa hace diez años, el panorama cambió.
A partir de ella, es el Estado el responsable de promover medidas de protección integral tendientes a subsanar una situación de violación de derechos sin caer en la separación. Debe conceder becas de estudio, programas de apoyo escolar, asistencia económica, tratamientos médicos, psicológicos o psiquiátricos.
Por eso, con el fin de abordar el tema correctamente, las decisiones no recaen únicamente en los jueces sino que se crearon dependencias específicas, como el Sistema de Protección Integral; el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia; y la Defensoría de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.
