Fue presentado por la CAME y está dirigido al Gobierno Nacional y ENARGAS. Pretende declarar la nulidad de las actualizaciones en el valor del gas para comercios e industrias.
La Corte Suprema de Justicia suspendió los incrementos para hogares residenciales. Esto reactivó la polémica y dio lugar a diversas presentaciones para que se incluya a usuarios comerciales, industriales, de la producción y turismo.
El máximo tribunal ratificó la suba para compañías pero con un tope máximo de 500 por ciento. No obstante, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) mostró su disconformidad y advirtió que muchas podrían cerrar si no se revierte esta situación.
Para el sector el fallo "sorprendió negativamente a la pequeña y mediana empresa que se siente desprotegida frente a la arbitrariedad de aumentos tarifarios que en muchos casos pusieron en tela de juicio la supervivencia de miles de fuentes genuinas de trabajo”.
Por esta razón, giró al Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 1 de San Martín una acción de amparo para exigir que se defina "un nuevo esquema de precios y tarifas". Sus destinatarios son el Ejecutivo nacional y Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS).
Aunque también demandó que se restablezca el sistema tarifario anterior; se reintegre el monto abonado en aquellos casos que ya hayan pagado las boletas con el aumento y se concreten audiencias públicas.
"Nadie discute la necesidad de actualizar tarifas absurdas; pero en cuadro recesivo, las alzas anunciadas y replanteadas significaron golpes difíciles de absorber por las economías de las Pymes”, alertó.
La entidad consideró que "el límite del 500 por ciento con retroactividad del cobro de facturas es desproporcionado y confiscatorio". Y, perjudicará a “los eslabones más débiles de la cadena ".
