Es lo que propone el Gobierno en su nuevo cuadro tarifario. Para lo que resta del año, el incremento sería del 200% para usuarios residenciales. Mantendrán la tarifa social y el incentivo por bajo consumo.
Frente al pedido de la Corte Suprema de Justicia, la gestión de Mauricio Macri anunció el plan que pretenden aplicar, en un mediano plazo, sobre la evolución del precio del servicio de gas. Se discutirá dentro de las instancias de debate a realizarse el viernes 16 de septiembre.
El primer aumento sería del 203 por ciento y entraría en vigencia desde el 1ero de octubre para usuarios residenciales. De este modo, habría una única actualización en lo que resta del año. Posteriormente, los incrementos se reajustarán cada semestre, en abril y octubre, hasta 2019.
Las autoridades aseguraron que tanto la tarifa social, con la que ya cuentan 1,5 millones de usuarios, como el incentivo al ahorro seguirán en pie. Si se reduce 15% o más con respecto al mismo período del año anterior, los usuarios recibirán una bonificación del 50 al 20 por ciento, de acuerdo a las distintas categorías.
El objetivo es eliminar los subsidios que reciben las empresas gasíferas desde el Estado. Para eso, procuran llevar al nuevo esquema al coste de USD 6,78 el millón de BTU en octubre de 2019, lo que representaría "un nivel cero de subsidio al consumo por la producción local y la importación".
En un primer momento, elevarán el diseño a USD 3,42 -manteniendo el 50 por ciento del subsidio al consumo- desde el 1ero octubre, y luego lo reactualizarán de manera semestral. En comparación, el diseño del 2015 tenía un precio de USD 1,29 el millón de BTU.
La categorización
Si bien la vigencia del esquema aguarda la ejecución de las audiencias públicas, ya se podría graficar cómo quedaría conformado el escenario a partir de cada clase de consumo.
Con una utilidad de hasta 56 metros cúbicos mensuales, los incrementos para las categorías más bajas- R1, R21, R22 y R23- rondarán el 240 por ciento, lo que llevaría la factura total a cerca de $134 mensuales.
De acuerdo a los usuarios de consumo intermedio, correspondientes a las clases R31, R32 y R33, la factura mensual promedio será de alrededor de $371, mientras que para los de mayor consumo (categoría R34), ascenderá a $933 por mes. Sin embargo, los montos se expusieron sin considerar los impuestos correspondientes que representan un 40 por ciento adicional.
Si el sistema se lleva a cabo, "en un mes cálido como febrero o marzo, un 79% de los usuarios va a pagar menos de $250 por mes, mientras que en un mes frío, un 37% de los usuarios tendrá facturas mensuales inferiores a los $250”, detalló el ministro de Energía, Juan José Aranguren.
Las audiencias
Una primera instancia de discusión se llevará a cabo el viernes 16 de septiembre en la sede de la Usina del Arte, en el barrio de La Boca. Se debatirá la reciente iniciativa del Gobierno nacional. Aunque no es vinculante, las Asociaciones de consumidores, defensores del pueblo, usuarios particulares y entidades de bien público, opinarán sobre las modificaciones tarifarias.
A fines de octubre, se llevará a cabo otra audiencia. En ese caso, se fijarán los precios del transporte y distribución para los próximos cinco años, y en simultáneo, el Gobierno determinará un reajuste sobre el valor del gas en boca de pozo.
Apuntan a unificar las cifras en todo el territorio nacional. Se debe a que, por ejemplo, la Patagonia paga 10 veces menos que el resto del país por la misma prestación. Por esta razón, los aumentos en esa zona culminarán en 2022.
Regirán las subas en la luz
La Corte habilitó los aumentos del servicio de energía eléctrica que impuso el Gobierno nacional dejando sin efecto la medida cautelar de la Cámara Federal de La Plata, que había frenado las subas en el territorio bonaerense.
Si bien la Procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, dictaminó en contra del aumento y señaló que el Gobierno tendría que haber convocado a audiencias públicas previas, el máximo tribunal fue en contra del recurso de amparo colectivo que suspendía -hasta octubre- las subas.
Los magistrados consideraron que quienes iniciaron la causa “carecen de legitimación para actuar en representación del colectivo conformado por todos los usuarios del servicio de energía eléctrica”.