Lo estableció la Dirección de Personas Jurídicas de La Plata. Autoridades municipales y los tres interventores designados arribaron a la entidad para concretar la medida. En febrero, una comisión normalizadora le había prohibido el ingreso a 140 familias.
Ante las irregularidades que denunciaron padres y trabajadores del club El Progreso de Adrogué, la Dirección de Personería Jurídica platense determinó intervenir la institución. Se hizo presente el director de Relaciones Institucionales, Victor Caparelli, quien junto a tres mediadores avanzaron con la iniciativa.
“La Dirección provincial de Personería Jurídica asignó a un ciudadano, que no está vinculado al club, como interventor. Reemplazará a la comisión normalizadora por un período de 90 días, con posibilidad de prórroga, y tendrá la responsabilidad de poner a la institución en condiciones para que sus socios elijan a las próximas autoridades en un marco de legalidad y transparencia”, explicó Caparelli en diálogo con www.deBrown.com.ar
El hombre designado es Rodolfo Díaz Vélez, quien fue propuesto por el Municipio. “Si bien la resolución oficial establece que es uno, contará con dos colaboradores para que se manejen como una junta, un triunvirato”, detalló. Se trata del propietario del gimnasio de la entidad, Alejandro Miguez; y un padre socio del club, Oscar Freidoz.
“El interventor deberá elevar un informe que detalle los avances a Personas Jurídicas, que es la autoridad competente en este caso. Nosotros, desde el Municipio, lo que hacemos es acompañar para que no se cometan errores, pero no somos la autoridad”, aclaró.
El organismo de La Plata desestimó las elecciones por las cuales la abogada Florencia Salvadores se adjudicó la presidencia de la entidad en junio. Según el grupo de padres, la institución fue apropiada por la familia del arquitecto Daniel Lara, en primera instancia, y luego por la letrada.
“La intervención se decretó el miércoles 31 de agosto. Según nos explicaron las autoridades municipales, no se podía implementar por todas las trabas que los que se adueñaron del club estaban poniendo en la Justicia”, manifestó una madre cuyos hijos formaban parte de la entidad ubicada en Amenedo 81.
La mujer, que celebró la intervención y afirmó que el proceso “se hará sin cerrar el club, a puertas abiertas”.“El Progreso estaba funcionando. Nuestra lucha es que no haya gente corrupta adentro y que funcione como corresponde, por los chicos que se tuvieron que ir y los que vendrán merecen un club transparente”, manifestó.
Se refirió a la situación contractual de los actuales empleados de la entidad y a la necesidad de realizar una reorganización profunda. “Primero hay que saber quiénes son los socios, porque no existe un padrón de afiliados creíble, y examinar contrato por contrato, entre otras cuestiones”, indicó la mamá.
Según descubrieron los padres, el ex presidente, Daniel Lara, había ejercido ese cargo durante diez años sin presentar balances, libros contables, ni renovó la nómina de la comisión directiva desde 2002. Sumado a esto, conformó una “comisión normalizadora” que integraba parte de su círculo íntimo y le prohibió el acceso a más de 140 familias, despidiendo a profesores que se desempeñaban en el lugar hacía varios años.
