Se recrudece el conflicto de los trabajadores del Estado. La huelga de este miércoles será por 24 horas y afectará las tareas en oficinas públicas, juzgados y hospitales. En Brown, comprende al Lucio Meléndez y al Arturo Oñativia.
A través de la medida de fuerza, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el gremio de los profesionales de la salud (CICOP) y la Asociación de Judiciales Bonaerenses (AJB), exigen que se reabra la paritaria. La jornada de protesta incluirá movilizaciones.
La elección del día para la acción no es casual ya que el jueves 15 de septiembre está previsto que la gobernadora María Eugenia Vidal envíe el proyecto de Presupuesto 2017 a la Legislatura.
La protesta, que cuenta con el respaldo de la CTA, tiene una serie de demandas en común: más fondos para áreas críticas, nuevos nombramientos, pases a planta permanente y que se optimicen las condiciones de empleo y seguridad.
Se realizará una marcha multisectorial, desde las 10, a la Legislatura y a la Casa de Gobierno de la Provincia, con el propósito de exigirle a la mandataria bonaerense “un incremento salarial y un presupuesto para el año que viene que beneficie a los sectores más vulnerables”.
El titular de ATE, Oscar De Isasi, planteó que la administración bonaerense debe hacer frente a “la emergencia social y laboral que vive la provincia, con mayor inversión en Salud, Educación, Niñez, Desarrollo Social y en Justicia”.
Desde CICOP evaluaron la necesidad de revertir de una manera total lo que ha sido el cálculo de recursos y gastos de los últimos años, con el objetivo de "incluir un aumento sustancial en políticas sociales”. “El presupuesto para Salud no debe estar por debajo de los dos dígitos”, aclararon.
El sector había conseguido una suba del 25 por ciento, en tres tramos, y un acuerdo para discutir salarios en agosto, pero como no recibieron una respuesta favorable a su reclamo llevarán adelante dos jornadas más de cese de actividades el jueves 22 y viernes 23.
Los dirigentes de la AJB requieren una actualización en sus haberes que se condiga con la inflación, cuya proyección anual asciende al 40 por ciento. “El gobierno se había comprometido a reabrir la paritaria en agosto para discutir un reajuste y no lo hizo”, recordó su secretario general Pablo Abramovich.
“El presupuesto para el Poder Judicial en 2017 debe ser capaz de garantizar salarios dignos (con porcentualidad salarial y enganche nacional), inversión en infraestructura para tener condiciones edilicias adecuadas, y el nombramiento del personal suficiente para evitar la sobrecarga laboral que hoy afecta a todos los fueros”, añadió.
¿Qué servicios se ven perjudicados?
