Desde la ONG browniana Compromiso Ciudadano reclamaron al ENRE que se expida de forma urgente y emita la resolución que fije montos, de acuerdo a daños y horas sin servicio para particulares y comercios. Miles de usuarios afectados a fines de febrero aún aguardan por la medida.
Ocho días en el infierno vivieron los argentinos durante el 23 de febrero y el 2 de marzo. La seguidilla, que será recordada como la ola de calor mas larga iniciada en febrero, contó además con cortes de energía sumamente prolongados, que en algunos casos alcanzó la semana de duración.
Este ingrediente, tan poco grato, como la sensación térmica de casi 40 grados, se evidenció fuertemente en el Conurbano y de manera reiterada en el partido de Almirante Brown, donde Burzaco, Adrogué, Glew y Longchamps, fueron de las localidades más afectadas.
En poco tiempo, las calles se colmaron de grupos electrógenos, como parte de los paliativos tomados por los comerciantes del distrito, que día a día debían enfrentar, de igual modo, grandes pérdidas económicas.
Adultos mayores, niños, entidades, clubes y Pymes hicieron frente a la rotura de artefactos, y a la suspensión de jornadas recreativas y productivas que dejaron al distrito paralizado.
Las mismas historias se repiten ante cada oleada de calor intenso en el territorio bonaerense, aunque no así las soluciones por parte de Edesur, la empresa prestadora de energía en el área metropolitana.
En octubre del año pasado, entidades representativas de los derechos del consumidor, participaron de la Audiencia Pública que reclamó a Edesur y al ENRE, inversión, prestación de calidad y resarcimiento económico a usuarios perjudicados por cortes reiterados y baja tensión.
En el plano local, fue la entidad Compromiso Ciudadano, presidida por Mario Fuentes, quien, en conjunto con otras entidades, exigió -con una nueva presentación judicial- que los responsables afrontaran las consecuencias de un servicio deficiente y cada vez más negligente.
El reclamo se renueva, fortalecido por la necesidad de los millones de usuarios que debieron hacerse cargo de pérdidas materiales y económicas; que a la fecha no cuentan con el compromiso, que por ley, Edesur y el ENRE deben garantizarle.
La ley 24.440, en su artículo 40 bis establece que en caso de Daño Directo debe ser el ENRE quien, mediante una resolución, obligue a las empresas proveedoras de energía a resarcir dichas pérdidas o roturas con sumas económicas que variarán de acuerdo a la cantidad de horas corridas sin servicio. Dicha medida brindó un alivio a quienes se perjudicaron en idénticas situación en 2014, 2015 y 2016.
Pese a los innumerables reclamos de vecinos afectados y las perdidas materiales y económicas, afrontadas por pymes y pequeños comerciantes, no existe a la fecha una resolución por parte del ENRE que asegure el resarcimiento económico de los millones de usuarios que, mientras tanto, siguen añorando una prestación de servicio responsable que sume, al aumento de tarifas, la poción correspondiente de calidad.
