Se realizarán asambleas con cese de actividades y manifestaciones en entidades financieras de todo el país. La medida es en rechazo de la falta de pago del anticipo salarial, pendiente desde noviembre de 2016, y la decisión del Gobierno nacional de frenar el acuerdo alcanzado con las cámaras empresarias.
La medida de fuerza fue dispuesta por la Asociación Bancaria, en rechazo a “la actitud de los Bancos y del Ministerio de Trabajo de negar el cumplimiento íntegro de los acuerdos oportunamente suscriptos en 2016”.
“Nuestro sindicato acciona responsablemente pero, agotado este nuevo plazo, a partir del próximo jueves no podremos garantizar su atención, ya sea por las asambleas, otras medidas de acción y/o derivaciones de este conflicto”, informó el gremio que conduce Sergio Palazzo.
Las asambleas se realizarán “con cese de actividades” este jueves 9 y viernes 10 de febrero. Se replicarán a nivel nacional, perjudicando el normal funcionamiento de las entidades financieras.
Además, tendrán el carácter de preparatorias de un nuevo paro nacional, que anunciarán el lunes próximo durante el trascurso de un Plenario de Secretarios Generales de Seccionales.
“Hacemos responsables de las consecuencias al Sr. Ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca, y a los bancos involucrados en la mora y el desacato”, expresaron mediante un comunicado.
El acuerdo establecía el pago de una suma no remunerativa de 8 mil pesos que se debía hacer llegar a los trabajadores antes del 31 de diciembre. El objetivo era compensar la inflación a miembros con sueldos inferiores a 25 mil pesos.
Para aquellos que cobraban entre 25 y 35 mil pesos, se había determinado un extra de 10 mil; y cobrarían 12 mil quienes hayan registrado haberes superiores.
El arreglo también establecía un anticipo mensual para enero, febrero, marzo y abril. Se integrarían como una suma fija de 2 mil pesos, a lo que se adicionaría un 10 por ciento de todas las remuneraciones.
De concretarse el pacto, los bancarios obtendrían un aumento del orden del 24 por ciento para sólo tres meses. Sin embargo, el Ejecutivo busca que los incrementos no superen el 18 por ciento.
