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POLÍTICA
viernes 26 de abril de 2013

Reforma Judicial: repercusiones en Brown por los proyectos aprobados


Tras convertirse en ley la regulación de cautelares y la creación de nuevas cámaras de Casación, se aprobaron también modificaciones en la composición del Consejo de la Magistratura. Representantes de las fuerzas políticas locales manifestaron sus posturas. Los concejales Torres, Fabiani, Fernández y Guerriere dialogaron con De Brown y opinaron de los cambios que vendrán.

Tras una extensa y caldeada jornada, el oficialismo logró convertir en ley dos de los tres proyectos debatidos en la Cámara de Diputados de la Nación. Se trata de las iniciativas enviadas por el Ejecutivo en pos de la “Democratización de la Justicia”. En Almirante Brown, las posiciones a favor y en contra no se hicieron esperar. En diálogo con este medio, concejales del oficialismo y la oposición hablaron sobre los cambios que traerán estas nuevas normas.

“Es una bocanada de aire fresco. Es importante que se empiece discutir este tema. Sé que hay otros mecanismos para acercar la Justicia a la gente, como la creación de departamentos judiciales y dependencias descentralizadas para que los vecinos tengan acceso y no estén frente a tribunales desbordados. Sin embargo, este paso es muy importante”, expresó el vicepresidente del Honorable Concejo Deliberante (HCD) local y miembro del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora (CALZ), Alejandro Torres.

Es que las sanciones prevén, por un lado, la regularización de las medidas cautelares y, por el otro, la creación de tres nuevas cámaras de Casación. Estos aparatos judiciales serán creados en el fuero Contencioso Administrativo; en el de Trabajo y Seguridad Social; y en el Civil y Comercial; y tendrán como objetivo descomprimir el gran caudal de causas que llegan a la Corte Suprema. Asimismo, fue aprobada con modificaciones la reforma del Consejo de la Magistratura, la cual deberá volver a ser tratada en el Senado.

En diálogo con deBrown.com.ar, el presidente del bloque de concejales del Frente para la Victoria- Partido Justicialista (FPV- PJ), Eduardo Fabiani, aseguró que “sin lugar a dudas estas leyes generarán beneficios para los ciudadanos” y afirmó: “Mejora la calidad de la democracia y el debate”.

Sin embargo, desde la oposición rechazaron estos proyectos al considerarlos como “un avance indiscriminado sobre la Justicia” y aseguraron que “van en contra de la Constitución”. El edil de la Coalición Cívica – ARI (CC-ARI) y abogado, José María Fernández, sostuvo: “Hay una evidente intención por parte del Gobierno nacional para controlar el manejo de uno de los poderes que debe ser independiente”.

Sergio Guerriere, edil local por la Unión Cívica Radical (UCR), opinó que “se quiere avasallar a la Justicia y modificar la República”. “Se está destruyendo la división de poderes y como dijeron ´vamos por todo´, así lo están haciendo”, agregó.

 

Cautelares

En causas que involucran al Estado, la flamante ley fija un mecanismo tendiente a que esas medidas tengan un plazo determinado, aunque exceptúa las situaciones que afecten la vida, la salud, el medio ambiente o a los sectores vulnerables.

Precisamente, la incorporación de los sectores más delicados fue una de las modificaciones incorporadas al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo en el marco de la discusión en el Senado, a instancias de observaciones realizadas por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y otras organizaciones de la sociedad civil.

“Que las cautelares no tuvieran un plazo de resolución producía injusticias para todos los ciudadanos y beneficiaba a los sectores más poderosos. De esta forma, avanza la Justicia social e igualdad de oportunidades y mejora muchísimo nuestra sociedad”, señaló Fabiani en relación a los cambios que traerá esta nueva norma.

Por su parte, Fernández consideró que todos los argentinos quieren “una Justicia más rápida”, pero negó que este sea el camino correcto para alcanzarla. Asimismo, Guerriere expresó su disconformidad: “Las cautelares son las herramientas de los ciudadanos y que estas normas amplíen las instancias de lo que tiene que ver con la seguridad social es terrible. Los jubilados van a tener que esperar demasiado para lograr una sentencia”.

 

Consejo de la Magistratura

La iniciativa que intenta reformar el Consejo de la Magistratura a través, entre otros aspectos, de la ampliación del número de miembros -de 13 a 19-; y la incorporación del voto popular para la elección de parte de sus integrantes -las cuales se realizarían conjuntamente con los comicios generales-, fue aprobada con modificaciones. De este modo, pasó nuevamente al Senado de la Nación para su ratificación o rechazo.

“Estos proyectos dejan en claro que el Gobierno quiere manejar la Justicia y politizar la elección de los miembros de la Magistratura porque deben ser presentados por listas partidarias. Esto está lejos de la democratización. Además los partidos políticos chicos, que no tienen representación en más de 18 provincias, se quedarán a fuera. Es absolutamente antidemocrático”, sostuvo Fernández.

En tanto, Fabiani defendió esta propuesta y consideró que tanto la votación como la ampliación en la cantidad de representantes que la componen “mejora la opinión y el trabajo en la elección de los respectivos jueces”. “Es un avance muy significativo. Se deja de elegir a través de acuerdos entre unos pocos y de forma indirecta para manifestar la opinión del pueblo. La participación popular siempre beneficia la democracia”, agregó.

Desde una mirada más detallista, Torres destacó que “es bueno que el ciudadano pueda comenzar a discutir y participar con su voto de la elección de los magistrados”, pero consideró que “tendría que ser lejos de los partidos políticos”.

 

Dato

En total son seis los proyectos de ley que conforman el paquete de reforma judicial enviado por la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, al Congreso Nacional con el objetivo de democratizar la Justicia. Además de las tres mencionadas, aguardan aún por ser debatidos: ley de ingreso democrático al Poder Judicial, ley de publicidad de los actos del Poder Judicial, y ley de publicidad y acceso directo a las declaraciones juradas de los funcionarios de los tres poderes del Estado.

 

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