También se aplicaron incrementos a prepagos. Entidades de Defensa del Consumidor advirtieron que el Decreto de Necesidad y Urgencia 267 del Gobierno nacional, permite a las compañías de telefonía móvil definir nuevas tarifas sin ningún tipo de control. Aseguran que derechos básicos están siendo vulnerados y solicitan a la población que denuncie irregularidades.
Desde marzo, dos de las empresas que nuclean el mercado, Personal y Movistar, definieron una fuerte suba que ronda el 15 por ciento, afectando a más de 30 millones de clientes. La situación acrecienta el malestar de los ciudadanos, producto de los incrementos generalizados. Los incrementos se verán reflejados en las facturas de abril.
“El problema es del gobierno, en forma directa, debido al decreto 267 que derogó la Ley de Comunicaciones, donde existían una serie de protecciones para evitar este tipo incrementos”, reveló en diálogo con www.deBrown.com.ar Osvaldo Bassano, titular de la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC).
Apuntó que, actualmente, las compañías poseen “una total libertad para definir los precios”, lo que provoca que “el consumidor casi no se pueda defender”. “Todas las empresas de telefonía ya acrecentaron sus valores, esto es muy preocupante”, señaló.
Movistar y Personal aplicaron, a partir de este mes, un alza de entre el 13 y el 15 por ciento en los servicios del esquema prepagos. Mientras que Claro, todavía no renovó sus precios este semestre.
Bassano puntualizó que desde Defensa del Consumidor presentaron recursos de amparo, pero que están a la espera de que el Congreso de la Nación no apruebe ese DNU “que va a significar un grave perjuicio para los usuarios”.
“El mayor inconveniente es que no sólo aumentan los abonos de celulares sino que hubo adiciones en la mayoría de los rubros como la nafta, la medicina prepaga, los colegios privados, la electricidad, entre otros. Esto genera un impacto directo en los ingresos de los ciudadanos”, aclaró.
Por otro lado, manifestó su preocupación ante la imposibilidad de registrar denuncias correctamente. “En Buenos Aires tenemos las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC), que mal o bien han estado trabajando. Pero en Nación estaba lo que se llamó Consumo Protegido que, por una serie de despidos, prácticamente se ha desnaturalizado”, explicó.
“Con referencia a telefonía celular, antes existía la Comisión Nacional de Comunicaciones. Sin embargo ahora está muy restringida la aplicación de todos estos órganos de control. Es bastante dramática la situación”, reconoció.
De todas formas, los vecinos de Almirante Brown que quieran notifican abusos pueden hacerlo a través de la Oficina de Defensa del Consumidor de Almirante Brown, la cual está ubicada en Rosales 1312, 1º piso, Adrogué. Cuyo teléfono es 4214-0500 interno 220.
Telefonía fija
Las firmas proveedoras del servicio tendrán que esperar 60 días para modificar su cuadro tatifario. Es que, según establece la ley de Defensa del Consumidor, deben informar el nuevo precio a los usuarios con al menos 60 días de anticipación.
El objetivo es actualizar el abono básico residencial, no los pulsos, en un 200 o 250 por ciento. Variaría desde mayo, de 13 pesos a 45 ó 50 pesos más impuestos. La incertidumbre radica en que no está claro si para modificar los valores deben contar con el aval del gobierno.
Es que, el Decreto de Necesidad y Urgencia 267, que firmó el presidente Mauricio Macri a fines del 2015, derogó una parte de la Ley Argentina Digital, que otorgaba a la Autoridad de Aplicación la facultad para regular opcionalmente los importes.
Según anunciaron desde la administración nacional buscarán promover la competencia entre operadores, dando lugar a una mayor oferta y servicios, que se podrán brindar en paquetes. El debate permanece abierto y aún no hay una solución.
