Es la primera resolución del nuevo gobierno. Lo anunció el ministro de Salud, Ginés González García. ¿De qué se trata?
El nuevo protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) ya es oficial. El documento consta de 79 páginas y fue publicado hoy en el Boletín Oficial.
La resolución 1/2019 "tiene como objetivo ofrecer una guía a los equipos de salud para que cumplan con su responsabilidad" en el caso de abortos no punibles. Se trata de embarazos por violación o cuando está en riesgo la vida de la mujer.
En este sentido, se detalla los derechos de las personas y responsabilidades del sistema de salud ante esos escenarios.
Además incluye una pormenorizada descripción del procedimiento para realizar esta práctica y la anticoncepción necesaria después.
"Desde el punto de vista clínico, el protocolo incorpora las recomendaciones internacionales acerca de los procedimientos para la interrupción legal del embarazo -dosis de medicamentos y aspiración manual endouterina (AMEU)- y refuerza la importancia del acceso rápido a la atención integral, reforzando la necesidad de resolución en el primer nivel de atención y en los tratamientos con medicamentos", indica la publicación.
Sobre el primer punto, el protocolo asegura: "El derecho a ILE, establecido en el art. 86 del Código Penal, corresponde a toda las personas con capacidad de gestar (niñas, adolescentes, mujeres, varones trans, personas no binarias, etc.)".
Asimismo, se establece que debe prevalecer la decisión de la persona ante la posición de los profesionales. Además incluye a la violencia obstétrica como una forma de violencia de género.
"La ley 26.485 sancionada para prevenir, asistir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres describe tipos y modalidades de violencia. La violencia puede ser física, psicológica, sexual, económica, patrimonial y simbólica (tipos de violencia, art.5). Y puede ser doméstica, institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, obstétrica y mediática (modalidades de violencia, art.6)", indica.
En cuanto a la aplicación, determina que "para la realización de una ILE nunca es exigible la denuncia policial o judicial de violación" y aclara: "La objeción de conciencia no debe traducirse en obstrucción a la práctica contemplada en la normativa legal y de la que el Estado es responsable de garantizar".
González García y su par de la cartera de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, se reunieron previamente con el presidente Alberto Fernández. El objetivo fue interiorizarlo sobre los alcances de la medida.
Fue anunciada oficialmente el jueves en conferencia de prensa. A diferencia de la posición de Mauricio Macri, que vetó el protocolo mediante un decreto, el nuevo Gobierno considera que "es un imperativo de la política sanitaria nacional en salud sexual y reproductiva".
Según explicó González García se trata de “un instrumento que se ajusta a la ley actual” y otorga derechos a quienes “lamentablemente están en una situación de interrupción legal del embarazo”.
La organización "Economía Feminista" informó que, antes de la actualización, solo 11 de las 24 provincias argentinas adhirieron al Protocolo Nacional o cuentan con disposiciones que podrían ajustarse. Son Jujuy, Salta, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, Misiones, La Rioja, La Pampa, Santa Cruz y Tierra del Fuego. San Luis, en tanto, se sumó en 2018, pero no se encontró hasta el momento la resolución oficial.
Asimismo, hay jurisdicciones específicas que dictaron protocolos que incluyen requisitos que dificultan el acceso a servicios de aborto seguro. Serían Chubut, Río Negro, Neuquén, Buenos Aires, Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por otra parte, no adhieren a la disposición ni tampoco cuentan con normativas propias provincias como Santiago del Estero, Tucumán, Corrientes, Mendoza, San Juan, Formosa y Catamarca.
