Tras la oleada de fugas y protestas, se reveló una problemática que preocupa: las comisarías y penales de la provincia están colapsadas. De 3.035 camas que se necesitan, sólo hay 1.039. Hacinamiento, abusos policiales y pobres condiciones de salubridad, encabezan la lista de denuncias.
Un reciente relevamiento del sistema carcelario arrojó datos alarmantes: la población excedente supera los 10 mil en el ámbito bonaerense, es decir un 191% más de lo que debería haber. Esto genera tensión y enfrentamientos entre los reclusos. Organizaciones de Derechos Humanos exigen que se resuelva la situación.
En el último mes se escaparon siete detenidos de una comisaría en Villa Ballester, vándalos prendieron fuego dos autos frente al edificio de la cartera de Seguridad en La Plata y; a través redes sociales, se convocó a una “Semana de agitación”, entre el 25 de agosto y el 1 de septiembre, para requerir la aparición con vida de Santiago Maldonado.
Estos hechos despertaron la reacción de las autoridades del Ministerio de Seguridad provincial, quienes ordenaron a los jefes policiales profundizar los controles, en especial en cárceles y dependencias públicas. Estos casos no hicieron más que echar luz sobre un flagelo de larga data: el sistema carcelario no da abasto.
En un informe emitido por el organismo, se evidenció que en la actualidad en las 432 comisarías bonaerenses hay 3.035 alojados pero la cifra de camas es más baja apenas llega a 1.039 plazas. Lo que se traduce en una superpoblación del 191,1 por ciento.
Si se tienen en cuenta los 40 mil detenidos de Buenos Aires, entre comisarías y penales, el exceso ronda los 10 mil aprehendidos. Esto se explica principalmente en el hecho de que muchos jueces retrasan traslados de comisarías a cárceles, ocasionando un severo hacinamiento en las seccionales.
Fuentes de Ministerio indicaron que “las dependencias están preparadas para que los detenidos pasen un tiempo mínimo, de uno, dos, tres, como mucho cuatro días”, pero como desde el 2000 no se construyen nuevas cárceles, esa disposición no se consuma.
Violencia institucional
A principios de 2017, la Comisión Provincial por la Memoria probó la “grave situación en lugares de encierro”, por el hacinamiento y las circunstancias inhumanas de detención.
Aclaró que el nivel de sobrepoblación superaba el 100 por ciento si se tomaban en cuenta, además de las cárceles bonaerenses, a los recluidos en comisarías. Denunció que “entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2016 hubo 673 hechos de tortura, un promedio de dos por día”.
Según el estudio, se trata de personas “en situación de mayor vulnerabilidad”, 15 de los sucesos refieren a violencia hacia mujeres y 133 hacia menores de 18 años.
Específicamente en 327 casos las víctimas comunicaron lo que sufrieron; 331 apuntaron como responsables al personal del Servicio Penitenciario Federal y; en 15 hechos a agentes de Gendarmería, Policía Federal y; Prefectura.
