El ministerio de Justicia y el de Energía de la Nación habían adelantado que se realizarían de forma “informativa y participativa", para estudiar los aumentos en el servicio. Finalmente fueron dejadas sin efecto. Se espera una resolución inminente de la Corte Suprema.
Tras lograr el apoyo de un grupo de gobernadores y a la espera del fallo de la Corte, el Gobierno suspendió el adelantamiento de las audiencias públicas. La iniciativa era un guiño político al máximo tribunal.
El miércoles el ministro de Energía, Juan José Aranguren, había notificado la decisión del Ejecutivo de convocar a estos encuentros porque “está en juego la provisión del servicio eléctrico”.
Tras conocida la novedad, desde las Asociaciones de Defensa al Consumidor remarcaron que “las consultas se debían realizar antes de aplicar las subas indiscriminadas”. "Hay que discutir qué es lo que se está pagando y cuál es el precio real", infirió el presidente de Consumidores Argentinos, Sergio Procelli.
Dos días después, la disposición fue refutada. Es que los funcionarios del presidente Mauricio Macri consiguieron el apoyo público de diez gobernadores, de distintas fuerzas políticas y creen que si se realizan no se cumplirían los tiempos necesarios para efectuarlas correctamente.
Recientemente, se le solicitó a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, que emita un dictamen sobre el tarifazo, dispuesto por la cartera de Energía y cuya aplicación fue suspendida por la Cámara Federal de La Plata.
Aunque su opinión no es determinante, representa uno de los pasos previos de la Corte antes de dar a conocer su posición final sobre el tema.
