El gobernador de la provincia de Buenos Aires decidió dejar sin efecto el decreto firmado en abril del año pasado, que reconocía como un flagelo la inseguridad. Le permitía disponer de recursos, sumar personal y equiparar las comisarías. Desde la oposición, lo cuestionaron y advirtieron que la situación sigue siendo sumamente crítica.
A partir de abril ya no regirá la urgencia en materia de seguridad. “Ya cumplió sus objetivos”, anunció el titular del Ejecutivo provincial, Daniel Scioli. Referentes de la oposición aseguraron que el Gobierno bonaerense desconoce la realidad dramática que viven los ciudadanos por la cantidad de delitos que se consuman diariamente.
"Incorporamos 25 mil policías y 3300 nuevos patrulleros, renovamos y modernizamos equipamiento", justificó en el contexto de la inauguración del 143° período de sesiones ordinarias en el Parlamento. Apuntó que termina su mandato con 92.000 efectivos, de los cuales 15.000 corresponden a las nuevas policías locales. Sin embargo, los delitos se cometen no sólo con más frecuencia, sino que actualmente se concretan con más violencia.
Reforzando sus declaraciones, el ministro de Seguridad provincial, Alejandro Granados, planteó que "con la implementación de los Comandos de Prevención Comunitaria y Rural, sumado a la Policía Local, se refuerza la prevención a la ciudadanía”. Además, destacó el desempeño del “Operativo Sol”.
Tras escuchar al ex motonauta en la Legislatura las respuestas no se hicieron esperar. El precandidato a presidente y líder del Frente Renovador, Sergio Massa señaló que "en una Provincia en la que el miedo, el terror, la droga y la muerte, son moneda corriente producto de que se atraviesa una situación de inseguridad gravísima". "Exigimos la prórroga de la emergencia en seguridad", sostuvo.
El jefe del bloque de diputados nacionales del FR, Darío Giustozzi, también refutó el discurso y consideró que es "descabellada la idea de dar por finalizada la emergencia". "Hay inseguridad, la salud está mal, la educación perdió calidad, y las rutas están destruidas", detalló.
El también el aspirante a la Gobernación, Francisco de Narváez, se mostró en contra de esta disposición: “No es momento de aflojar contra los delincuentes, porque la inseguridad no se soluciona en unos meses. Hay que redoblar esfuerzos, y si ya se alcanzaron objetivos, deben ponerse nuevos. Necesitamos sacar la droga de las esquinas, las armas de la calle y bajar los robos, no solo los que terminan en muerte”.
Por su parte, el titular del bloque de la UCR en la Cámara de Senadores bonaerense, Carlos Fernández, advirtió que “las cifras de patrulleros o los resultados del Operativo Sol son notas de color si no se hace una reflexión profunda sobre el narcotráfico que azota la Provincia y la implicancia directa que eso tiene sobre la inseguridad que tanto preocupa”.
En tanto, el presidente del bloque de diputados del Frente Amplio Progresista, Marcelo Díaz, opinó: “Scioli no dijo nada nuevo porque los bonaerenses seguiremos teniendo una salud pública deficitaria, problemas en el inicio de clases; una baja calidad educativa; y dificultades en materia de seguridad que no se solucionan con discursos”.
Asimismo, el referente del Frente Renovador, Walter Martello, repasó algunos de los anuncios que no se cumplieron: “No hubo una disminución de los delitos, sólo hubo dos convocatorias a sesión permanente al Consejo Provincial de Seguridad Pública en 10 meses. Se desconocen las conclusiones de la Mesa de Justicia y no existe información sobre la convocatoria inmediata y obligatoria del personal retirado de la policía y del servicio penitenciario”.
Anuncios sin concreción
En abril pasado Scioli había notificado que destinaría 600 millones de pesos, provenientes del Banco Provincia, para el equipamiento de las fuerzas de seguridad provincial ante la crisis. Convocaría a 5.000 policías retirados para tareas de prevención y represión criminal, instalaría en la agenda un sistema de botón de alarma celular y se efectuaría la descentralización del 911. Promesas que, hasta el momento, fueron incumplidas.
