El intendente de Almirante Brown, Darío Giustozzi participó del encuentro y brindó un informe ante el nuevo juez de la causa, Jorge Rodríguez, sobre los avances y el trabajo que están realizando desde el municipio en el marco del Plan de Saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo.
En el marco del Plan de Saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo, el intendente de Almirante Brown, Darío Giustozzi, ayer se reunió con el nuevo juez de la causa "Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/daños y perjuicios-daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza Riachuelo", el doctor Jorge Rodríguez, del Juzgado Federal en lo Criminal Correccional 2 de Morón, donde informó los avances y el trabajo realizando desde el Municipio.
En tanto, esta primera audiencia fue privada y según detallaron “el jefe Comunal expuso los progresos que desde Brown se lograron en el marco del trabajo comprometido con la Acumar”.
En este sentido, se destaca que desde el municipio local junto con la Autoridad de la Cuenca Matanza- Riachuelo (Acumar) continúan llevando adelante el “Programa de Limpieza de Márgenes” con el objetivo de limpiar, recuperar y preservar las márgenes y el espejo de agua del cauce principal y afluentes de la Cuenca Matanza-Riachuelo y siguen avanzando con la construcción de diez ecopuntos de las 14 plantas de tratamiento de residuos de los cuales uno funcionará en Brown.
Causa Mendoza
Inició en julio de 2004, un grupo de vecinos -encabezados por Beatriz Silvia Mendoza presentaron una demanda reclamando la recomposición del medio ambiente y la creación de un fondo para financiar el saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo, responsabilizando de daños y perjuicios al Estado Nacional, la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires.
Además, culparon a cuarenta y cuatro empresas aledañas por volcar directamente al río los residuos peligrosos, por no construir plantas de tratamiento, por no adoptar nuevas tecnologías, y por no minimizar los riesgos de su actividad productiva.
En 2006, la Corte Suprema de Justicia de la Nación intimó a los demandados a que presenten un plan de saneamiento, y a las empresas a que informen sobre los recaudos que se toman para evitar la contaminación de la zona.
El Máximo Tribunal se declaró competente para estudiar el daño colectivo, es decir, la parte del reclamo que solicita que se recomponga el medio ambiente y se realicen obras de saneamiento. Por eso mismo, realizó una audiencia pública en la que el Gobierno Nacional y los gobiernos bonaerense y porteño presentaron un Plan de Saneamiento del Riachuelo y se creó el Comité de Cuenca Interjurisdiccional.
En 2007, se llevó a cabo la segunda audiencia, en la que se presentaron los avances logrados desde la presentación del Plan de Saneamiento. Mientras que en 2008, la Corte dictó un fallo histórico: determinó quiénes son los responsables de llevar adelante las acciones y las obras de saneamiento, el plazo en que deben ser ejecutadas, dejando abierta la posibilidad de imponer multas para el caso de incumplimiento.
