Luego de una semana de paros, se llevó a cabo una nueva manifestación frente a la sede de la gobernación. Exigieron la reapertura de paritarias y reclamaron por la Ley de Emergencia administrativa, que finalmente se aprobó. Los judiciales de Lomas de Zamora continúan con la protesta en los tribunales de Larroque y Camino Negro.
Tras la masiva movilización realizada ayer en La Plata, concluye otra semana de cese de tareas de los trabajadores estatales. Mientras el personal judicial mantiene la protesta, los médicos hoy retoman la normal actividad a la espera de un nuevo congreso de delegados que se llevará a cabo mañana.
La disposición, que ya lleva varias semanas en todos los ámbitos, incluyó acciones locales y conjuntas. Prueba de ello fue la manifestación que los condujo a la capital provincial para reclamar frente a la sede de la gobernación de María Eugenia Vidal.
En el caso de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), por estas horas cumplen la cuarta jornada consecutiva de la huelga que empezó este martes. La seccional local del gremio dispuso acciones que se desarrollan en los tribunales de Lomas de Zamora.
“Macri – Vidal, los vamos a seguir por todos lados hasta que escuchen el reclamo de los Judiciales. Basta de ajuste. Basta de salarios miseria”, sostienen.
Por el lado de los médicos, ya llevan 25 días de paro en lo que va del año. Ambos sindicatos exigen que vuelvan a convocarlos para reiniciar la negociación salarial ya que la oferta propuesta apenas supera los 15 puntos y ellos solicitan incrementos que van más allá de la barrera de los 40.
De la marcha participaron además la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), SOEME, docentes de SUTEBA, FEB, SADOP (privados) y UDOCBA, entre otros.
El reclamo fue por la reapertura de las paritarias y en contra la sanción de la Ley de Emergencia Administrativa, que se debatía en la Legislatura y que finalmente fue avalada. La normativa establece “la reducción de los plazos de las licitaciones públicas para la adquisición de bienes y servicios de las diferentes áreas del Estado provincial”.
La polémica estalló porque –entre otras cuestiones- “autoriza a los ministros y titulares de órganos descentralizados a contratar a una persona para que preste un servicio determinado sin sujeción a un resultado concreto, siempre que responda a una necesidad de carácter transitorio o estacional debidamente documentada y que por su complejidad o especialización no pueda ser cumplida por personal permanente.
Los trabajadores aseguran que esta legislación logrará “el desguace del Estado” y avalará “la continuidad de la precarización laboral”.
